Nuevo capítulo en el enfrentamiento del Gobierno con Andalucía por las cuentas públicas. Un día después de que el secretario de Estado de Hacienda amenazara a la Junta con retener fondos por anunciar un aplazamiento de los recortes, el ministerio anunció que había librado crédito a Andalucía. En concreto 510,5 millones de euros del ICO para financiar el pago de su deuda. Esa es la historia cíclica de una confrontación que tiene en el punto de mira las cuentas de la comunidad. Desde hace meses, antes de las elecciones andaluzas, el Gobierno central muestra desconfianza y pone en duda las cuentas andaluzas, lanza una amenaza (la intervención o la retención de dinero) y después afloja cuando Andalucía exige que cese el ataque.

En este último capítulo se repitió el guion. La consejera de la Presidencia, Susana Díaz, compareció ayer al término de la habitual reunión del Consejo de Gobierno con una exigencia clara al Ejecutivo de Rajoy: que no siga "en la línea de amenaza" y de trato "injusto y discriminatorio" contra Andalucía. Díaz garantizó que se cumplirá con los recortes presentados al Gobierno hace dos semanas, a pesar de que se agotará el margen legal que existe para aprobarlos oficialmente. La fecha tope, indicó, la marca los PGE, que saldrán del Congreso el 15 de junio. Hasta entonces, insistió la consejera, la Junta buscará el diálogo y el acuerdo con los sindicatos.

TIJERETAZO EN LAS NOMINAS El plan de recortes tiene como pilar un tijeretazo en la nómina de los empleados públicos. De ahí salen 777 millones de euros de los 2.700 que tendrá que descontar Andalucía de su Presupuesto. Los trabajadores están en pie de guerra y sus representantes han convocado un intenso calendario de protestas. A pesar de que la número dos del Gobierno andaluz insistió en que no hay "aplazamiento", en esos justos términos se expresó el vicepresidente Valderas el pasado viernes cuando anunció que se retrasaría la aprobación del plan de reequilibrio para encauzar el déficit público. IU apuesta por recortar más sueldos a los altos cargos y asesores y no tocar los salarios de los funcionarios mileuristas, con niveles más bajos en la administración.

La consejera de la Presidencia lamentó que se ponga el foco en Andalucía y "se siga actuando con benevolencia otras comunidades las que están en situación de mayor gravedad". El día después de que las comunidades presentaran sus ajustes al Gobierno, trascendió que Madrid, Valencia y Castilla y León habían maquillado sus números y tenían un déficit oculto de 3.000 millones de euros. Beteta fue consejero de Economía de Madrid. La Junta lo señala como responsable de esa desviación y pide su dimisión.

Díaz eludió aclarar si la Junta había comunicado formalmente al ministerio sus intenciones. Fue la delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, quien defendió a Beteta y aclaró que la Consejería de Hacienda había remitido una carta al ministerio "ratificándose en todos sus compromisos y renunciando a que ningún proceso de negociación vaya a modificar las cantidades acordadas". Crespo negó que Andalucía esté siendo discriminada en el reparto de los fondos de empleo, como denuncia la Junta.