La Junta va a interponer recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra el real decreto de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del sistema nacional de salud aprobado por el Gobierno central en abril, al entender que lo "desmonta" al dificultar el acceso "efectivo" de los ciudadanos a los servicios sanitarios.

Así lo anunció ayer tras el acto de inauguración de un consultorio en Los Gallardos (Almería) el presidente Griñán, quien indicó que la norma aprobada "vulnera" la Constitución al "no garantizar" el derecho a la protección de la salud reconocido en la Carta Magna y se lo "hurta" a los inmigrantes y a los colectivos "más desfavorecidos".

Griñán argumentó que el recurso, cuya interposición se aprueba hoy en el Consejo de Gobierno, se fundamenta en que el decreto "invade" competencias autonómicas en alguno de sus articulados ya que el Estatuto recoge el derecho al acceso directo a los servicios sanitarios de toda la población sin distinción y "residan donde residan".

DEFENSA DEL MODELO Al hilo de ello, Griñán señaló que la decisión no debe ser interpretada "como un elemento de confrontación" con el Gobierno de Rajoy sino como un paso más de la Junta en la "defensa de un modelo" y en su intención de garantizar un sistema de salud "eficiente, que aporte riqueza y bienestar social". "Estamos orgullosos de él y vamos a defenderlo a través de todas las actuaciones que se pongan a nuestro alcance" ya que, según apuntilló, desde Andalucía "rechazamos las políticas que, como las adoptadas por Rajoy, entienden la salud como un bien mercantil".

Griñán advirtió de que una política "indiscriminada" de control y de reducción del gasto público "no da resultados" y aseguró que, si bien la inversión en la construcción de centros de salud "puede no ser eficiente si atendemos a criterios contables y economicistas", sí lo son "enormemente por el saldo positivo que nos dan al suponer una atención equitativa y satisfactoria para el usuario".

Griñán remarcó que la Junta "no va a privatizar servicios públicos fundamentales y mucho menos servicios en sanidad pública" y resaltó el trabajo "extraordinario" de los profesionales del SAS que, a su juicio, son la "garantía de la pervivencia de un sistema y ahuyentan el riesgo de privatización que está extendiéndose por España".

NORMA "CHAPUCERA" El portavoz de la Federación de Asociaciones de Defensa de la Sanidad Pública, Marciano Sánchez Bayle, aplaudió ayer la decisión del Gobierno andaluz de recurrir ante el TC el decreto, una norma que tachó de "chapucera" por cuanto invade "muchas leyes estatales aún vigentes".

Sánchez Bayle, que recordó que Andalucía sigue los pasos del Gobierno vasco, sostuvo que existen "muchos motivos" para recurrir este decreto sanitario, "por cuanto invade competencias autonómicas, ataca el artículo 43 de la Constitución y, además, es contradictorio con la Ley General de Sanidad, la Ley de Salud Pública o la Ley de Cohesión Sanitaria", enumeró.