La cifra es esta: 2.763,3 millones de euros. Es lo que suman las facturas impagadas de la Junta a sus proveedores, la mayoría empresas del ámbito sanitario, según los datos que ofreció ayer la Consejería de Hacienda. El plazo para presentar estas cuentas y poder acogerse al plan especial de pago puesto en marcha por el Gobierno central expiró el domingo. Esta es la cifra de la polémica, la que ha mantenido abierto un cruce de duros reproches e insinuaciones entre el Gobierno del PP y la Junta. Los populares llevan semanas aludiendo a las facturas sin pagar "escondidas" en los cajones del Ejecutivo andaluz. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, insinuó la insolvencia andaluza y habló de suspensión de pagos y su segundo, el secretario de Estado Antonio Beteta, fue más allá, criticó un déficit maquillado y amenazó con la intervención de las cuentas autonómicas. El PP andaluz cifró en 4.500 millones esta deuda.
Ayer el Gobierno andaluz en funciones también formalizó un recorte del Presupuesto de 2.696,8 millones de euros. El plan de pago a proveedores exige como contrapartida planes de reequilibrio presupuestario que las comunidades deberán enviar al ministerio antes de que termine abril. Lo llamó eufemísticamente "retención provisional del crédito" y eludió concretar qué partidas se verán afectadas. Están pendientes --aseguraron-- de las reformas puestas en marcha por el Gabinete de Rajoy. Por vez primera la consejera de Hacienda no marcó líneas rojas y habló de un recorte que afecta a todo el Presupuesto, incluidos sanidad y educación. Estos recortes, admitió el Ejecutivo, han sido objeto de la negociación con IU para formar Gobierno.
SANITARIOS En medio de la pugna política y apremiada por los requisitos del plan de pago a proveedores aprobado por el Gobierno, la consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, hizo aflorar la cantidad de pagos pendientes. Andalucía es, en números absolutos, la segunda comunidad con mayor deuda. Muy por delante se sitúa la Comunidad Valenciana (4.069 millones), gobernada por el PP. En relación con el volumen total de su presupuesto o atendiendo a la población, Castilla-La Mancha, Murcia o Castilla y León también adelantan a Andalucía, que ha estado en el punto de mira.
El volumen total de facturas impagadas de las comunidades que se han acogido al plan de pago a proveedores --todas menos Galicia, Navarra y País Vasco-- asciende a 17.255 millones de euros. 27.000, aclaró el ministro Cristóbal Montoro, teniendo en cuenta también los abonos pendientes de los ayuntamientos. El plan, que inyecta liquidez a empresas y autónomos y en el que participa el ICO y todas las entidades financieras, está dotado con 35.000 millones. Los proveedores podrán acogerse a este plan extraordinario para cobrar su deuda con algunas condiciones.
En la relación certificada de facturas pendientes de pago que la Junta remitió al ministerio se incluyen sus empresas públicas, agencias y el Servicio Andaluz de Salud (SAS). Son 772.753 facturas impagadas que suman 2.763,3 millones y afectan a 5.107 proveedores. 1.170 son autónomos. El 97% corresponden a gasto sanitario, detalló la consejera. Se puede acceder a la información en la web de la Junta (www.juntadeandalucia.es/haciendayadmi- nistracionpublica/ ).
La deuda se corresponde con los 3.000 millones que señaló Montoro. En este durísimo contexto, el Consejo de Gobierno aprobó ayer un acuerdo de "retención de crédito" para declarar no disponible con carácter preventivo un total de 2.600 millones del Presupuesto andaluz para el 2012, que asciende a 32.020 millones y que se aprobó el pasado diciembre. La consejera de Hacienda justificó ese recorte en las "disminuciones y aminoraciones" de los ingresos que la comunidad recibe desde los PGE y que no van a llegar a la comunidad.
RECORTES El Gobierno de Griñán, que actúa en funciones, no concretó por políticas o partidas a qué afectará ese importante recorte. La Junta alegó que aún le falta información de las reformas que prepara el Gobierno y que prevén, por ejemplo, menguar en 10.000 millones el gasto de las comunidades en sanidad y educación. La Junta desconoce si esas cantidades serán adicionales o entran dentro de los 15.500 millones de ajustes exigidos a las comunidades.
La consejera de Hacienda dejó abiertos todos los escenarios. Esto es nuevo. Hasta ahora el Ejecutivo andaluz siempre había marcado como intocable el gasto en salud, educación y servicios sociales. Así, además, se ha pactado con IU, con quien el PSOE está negociando para formar gobierno en Andalucía. A ellos les trocará decidir el recorte.
