Ni casas sin gente ni gente sin casas. Este grito de los afectados por las hipotecas se ha convertido en un mantra para IU, que al llegar al Gobierno andaluz se fijó como reto acabar con los desahucios en Andalucía. La Junta aprobará hoy un decreto, no exento de polémica, para garantizar la función social de la vivienda y facilitar que las que están vacías --más de 700.000-- se pongan en alquiler. La norma multará a promotores, inmobiliarias y bancos que tengan casas desocupadas y dará ayudas a los propietarios individuales que arrienden sus pisos vacíos. Se trata de una de las leyes estrella de la legislatura y la primera con sello íntegro de Izquierda Unida. Su aprobación ha desatado un duro pulso entre los socios del Gobierno andaluz, particularmente con la consejera de la Presidencia, Susana Díaz.
Las tensiones comenzaron antes del verano pasado, cuando la Consejería de Fomento y Vivienda, que dirige Elena Cortés (IU), empezó a formular el decreto. La norma para sancionar las miles de viviendas vacías en la comunidad es una "apuesta fundamental e irrenunciable de IU" y una de las piedras angulares del acuerdo programático cerrado con el PSOE, explican fuentes de la coalición. Será, además, la primera gran norma de cariz izquierdista que se enmarca en el empujón legislativo del que hablaba el vicepresidente, Diego Valderas, justo cuando la reactivación de la instrucción judicial del caso ERE volvió a "secuestrar" la agenda del Gobierno andaluz.
DIVISIÓN POR LAS SANCIONES // Las discrepancias entre PSOE e IU se han centrado básicamente en el tema de las sanciones. La federación de izquierdas quería una norma de máximos y puso sobre la mesa la posibilidad de multar a cualquier propietario que se negara a alquilar sus casas vacías, un punto al que los socialistas se han negado de plano. Al final se ha pactado una fórmula intermedia: la Junta solo sancionará económicamente a las personas jurídicas, es decir, bancos, promotoras e inmobiliarias, que son las que acumulan la mayor parte de las casas desocupadas. Muchas de ellas quedaron colgadas tras el pinchazo de la burbuja inmobiliaria. Las personas físicas --propietarios individuales que tengan más de su primera residencia-- no serán multadas, sino que recibirán ayudas económicas si arriendan sus pisos. Los incentivos se regularán en el próximo plan de vivienda, que la consejería pretende tener definido en junio. Estas subvenciones nada tendrán que ver con las que hasta ahora existían, que otorgaban hasta 6.000 euros al propietario que alquilara una vivienda, aclaran fuentes del Gobierno.
Desde su llegada a la consejería, IU ha marcado distancias de las políticas de vivienda llevadas a cabo por el PSOE en los último 30 años. El departamento de Elena Cortés aspiraba a que el decreto recogiera la potestad de la Junta de "expropiar" las viviendas vacías, otro de los aspectos que el PSOE rechazó. Al final, previsiblemente la norma declarará el carácter inembargable de la vivienda cuando se den una serie de circunstancias, como las que sufren la mayoría de las familias que están siendo desahuciadas. En esos casos, no podrán ser desalojadas en tres años como mínimo hasta que se les ofrezca una alternativa.
UN TRIUNFO DE IU // "Si IU tuviera mayoría absoluta en el Gobierno, las cosas serían muy distintas", afirman fuentes de la federación. Pese a haber limado algunos flecos, Izquierda Unida está muy satisfecha con el resultado. "En el pulso ha ganado IU. Tenemos el decreto que queríamos", añaden las fuentes, una ley que "justifica" la presencia de IU en San Telmo. La negociación del documento se extendió hasta ayer mismo, en el llamado consejillo, la reunión previa a la del Consejo de Gobierno donde se sientan la consejera de la Presidencia, Susana Díaz, con los viceconsejeros para abordar los temas que se tratarán un día después. Para temas de "tanto calado" como la norma contra las viviendas vacías siempre se produce una reunión previa de coordinación del pacto de Gobierno, formada por Díaz, el vicesecretario del PSOE-A, Mario Jiménez, el líder de IU y vicepresidente de la Junta, Diego Valderas y el portavoz parlamentario, José Antonio Castro. En este encuentro, que se celebró recientemente, la federación de izquierdas dio una especie de ultimátum para que el decreto se aprobara ya, después de que el PSOE lo haya frenado en varias ocasiones.
El objetivo final del mismo serán los jóvenes y desahuciados y el reto es lograr un alquiler social para estos colectivos, los más vulnerables para el acceso a una vivienda digna. El Gobierno andaluz asegura que el decreto está bien "amarrado" política y jurídicamente y alude al artículo 33 de la Constitución, que reconoce la función social de la vivienda un derecho ciudadano.
