La jueza Alaya ordena investigar ayudas otorgadas por Economía

La jueza de Sevilla que investiga los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos ha ordenado investigar las ayudas por valor de 3.537.680 euros otorgadas por la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia de la Junta en virtud de un "compromiso asumido" por las viceconsejerías de Empleo y Economía el 26 de enero del 2010.

En un auto notificado ayer miércoles a las partes, al que ha tenido acceso Europa Press, la jueza Mercedes Alaya señala que "la existencia de dicho compromiso, la realidad del acuerdo adoptado y las consecuencias derivadas del mismo habrán de ser investigadas", por lo que requiere a la Junta para que remita el convenio de colaboración suscrito entre ambas consejerías "en virtud del compromiso".

La magistrada pone de manifiesto que, en virtud de este convenio de colaboración, Astilleros de Huelva recibió el 24 de marzo del 2010 una ayuda sociolaboral de 952.404 euros, mientras que Astilleros de Sevilla recibió, los días 24 y 29 de julio del 2010, 455.025 y 1.325.254 euros, respectivamente, a lo que se suma una tercera ayuda de 450.000 euros concedida a la empresa Abantia Ticsa SAU.

Según argumenta la jueza instructora, en las resoluciones emitidas por la Dirección General de Trabajo a la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) para abonar las ayudas consta que "la encomienda de pago es con cargo a los fondos de la consejería", todo ello en virtud del "compromiso asumido por las viceconsejerías" de Empleo y Economía.

DISPOSICION DE FONDOS Todo ello "supuso una disposición de los fondos" de la Consejería de Economía "ascendentes a 3.537.680 euros", añade la magistrada que, en relación a la ayuda dada a Abantia Ticsa, dice que fue concedida por la Dirección General de Trabajo "con cargo a los fondos de la Consejería de Economía".

Este hecho "motivó" que, a requerimiento del director de Administración y Finanzas de IDEA, Juan Francisco Sánchez, el exdirector general de Trabajo Daniel Alberto Rivera --imputado en la causa-- "emitiera comunicación en la cual se exponía que dicho pago debía realizarse en ejecución del acuerdo de encomienda de 27 de abril del 2010".

En el mismo auto, la jueza Alaya investiga nuevas ayudas concedidas a 18 empresas "que no constaban en el primer desplegable" aportado por la Junta, entre ellas, además de Astilleros de Huelva y Sevilla, Delphi, Asociación Faja Pirítica, Santana Motor, Préstamos Pickman, Boliden Apirsa, Nature Pack Minas de Río Tinto, Pack Sur Artes Gráficas o Nueva Lima, empresa radicada en Huelva que recibió tres ayudas sociolaborales por valor de 349.083,78 euros, aunque "en el primer desplegable" solo consta una ayuda de 53.004 euros".

AYUDAS EN LA SIERRA NORTE La jueza también requiere a la Junta para que aporte los expedientes de las ayudas concedidas a Industrias Elizana, que recibió dos ayudas sociolaborales por 1.150.000 euros; Virgen de la Luz (Coviluz), con una ayuda "directa" de 440.000 euros-; Sociedad Cooperativa Andaluza Industrial de Confección (Scoinc), que recibió una ayuda de 405.916 euros, y Grueso y García S.L., empresa ubicada en la Sierra Norte de Sevilla que recibió una ayuda "directa" de 50.000 euros.

Asimismo, pide a la Junta que remita el expediente relativo a la concesión de una ayuda de 109.620 euros a la empresa Acyco, la cual "no consta en el expediente relativo a dicha empresa remitido por la Junta", mientras que requiere a IDEA "para que remita igualmente el expediente relativo al préstamo a la entidad TPM Inversiones Plásticas.