La Consejería de Empleo, Empresa y Comercio ha insistido en seguir reclamando un plan especial de empleo y que se arbitren fórmulas "que no sigan penalizando a Andalucía por haber parado la formación", después de aprobarse este viernes en Consejo de Ministros que Andalucía recibe para políticas activas de empleo más de 358 millones de euros, un tres por ciento menos que el año pasado.
Fuentes de la Consejería han lamentado a Europa Press que "aunque ya se hayan recuperado los cursos de formación, los índices de estos años siguen penalizando a la comunidad andaluza y a sus desempleados".
Según el acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros este viernes, Andalucía será la comunidad autónoma que más fondos recibirá para ejecutar políticas activas de empleo con 358.228.124 euros. Aun así, la partida recibida este año es un 3,08 por ciento menor que la que recibió en 2016.
Por detrás de la región andaluza, que ha sido la única en la que se ha reducido la distribución en comparación con el año pasado, las comunidades que más dotación recibirán serán Cataluña (299 millones de euros), Madrid (241 millones), Comunidad Valenciana (191 millones), Galicia (145 millones), Canarias (124 millones), Castilla y León (112 millones) y Castilla-La Mancha (84 millones).
En el lado contrario, por detrás de La Rioja, entre las comunidades que menos dinero recibirán están Navarra (21 millones de euros), Cantabria (26 millones), Islas Baleares (39 millones), Aragón (53 millones), Murcia (54,9 millones), Asturias (54,8 millones) y Extremadura (76 millones).
El Gobierno ha aprobado en Consejo de Ministros el acuerdo de distribución de los créditos procedentes de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), correspondiente a los criterios objetivos fijados en la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales, por el que ha establecido el reparto de 1.893,3 millones a comunidades autónomas para hacer políticas activas de empleo, un 5,14 por ciento más que lo destinado en 2016.
Según apuntan las referencias del Consejo de este viernes, el reparto de los fondos está "orientado a resultados", según el modelo que se empezó a implementar en 2012, basado en criterios objetivos y aprobado por Gobierno y Comunidades Autónomas en Conferencia Sectorial.
El acuerdo "adelanta sustancialmente" la distribución de fondos a las comunidades autónomas respecto a otros años, con lo que se da cumplimiento a lo acordado en la Conferencia de Presidentes del pasado 17 de enero.
