El Consejo de Gobierno dio ayer luz verde a la tramitación del anteproyecto de Ley de Participación Ciudadana de Andalucía, que regula las consultas sobre materias que son competencia de la comunidad, y que podrán convocarse a iniciativa de los ciudadanos reuniendo un mínimo de 40.000 firmas. Además de los ciudadanos, podrán impulsar estas consultas ---que no serán vinculantes-- el Gobierno andaluz y los ayuntamientos, los cuales deberán adaptar sus reglamentos de participación a la ley.

En el caso de las consultas autonómicas por iniciativa de los ciudadanos, la Junta --aun reuniendo éstos las 40.000 firmas-- tendrá la "última palabra" pero si decidiera no convocar la consulta tendrá que motivarlo. El derecho de participación ciudadana en las decisiones a través de las consultas se amplía a todos los vecinos de Andalucía mayores de 16 años, incluidos los inmigrantes empadronados.

RESPETO CONSTITUCIONAL "En ningún caso tendrán carácter de referéndum ni irán contra la Constitución", subrayó el vicepresidente de la Junta y consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales, Diego Valderas (IU), en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, en la que informó del contenido de esta ley, que entrará en vigor en 2015 e irá acompañada de una memoria económica no detallada ayer.

De acuerdo con el anteproyecto, se abren tres líneas para hacer posible la intervención ciudadana en las decisiones de gobierno: las consultas participativas, los presupuestos participativos y la presentación directa de propuestas e iniciativas. Este ejercicio será efectivo tanto directamente como a través de entidades de participación (organizaciones sin ánimo de lucro, plataformas, movimientos, foros o redes ciudadanas).

Entre los asuntos objeto de consulta destacan la participación en la elaboración de los presupuestos de la Junta, de forma que la ciudadanía pueda "marcar prioridades" en las partidas de gasto. Si bien los procesos participativos regulados no tienen carácter vinculante, el anteproyecto obliga a las administraciones públicas a tomar en consideración sus resultados y, en caso de no incorporarlos, ofrecer públicamente una respuesta motivada.

El texto define las consultas participativas como votaciones no vinculantes sobre asuntos de interés público de competencia autonómica o local. Para ellas se regula un mecanismo de votación específico que no requerirá de la autorización del Gobierno central ni de la intervención de la Junta Electoral de Andalucía, y que usará como base el padrón de habitantes, que los ayuntamientos deberán remitir a la Junta, y los residentes mayores de 16 años.

Las consultas podrán ser de iniciativa ciudadana o institucional y de ámbito autonómico o local. Para las consultas de iniciativa ciudadana deberá crearse una comisión promotora compuesta de tres miembros con derecho a voto, que no sean parlamentarios, alcaldes o concejales.

La iniciativa institucional corresponderá a la Presidencia de la Junta o al 10% de los ayuntamientos de la comunidad, por acuerdos adoptados en sus plenos por mayoría absoluta, con presencia en todas la provincias y que representen a una población mínima de 500.000 habitantes. En las consultas participativas locales, la iniciativa institucional corresponde a la Corporación local mediante acuerdo adoptado por mayoría simple.

INICIATIVA CIUDADANA La convocatoria de la iniciativa ciudadana local requerirá de un apoyo mínimo de firmas en función de los tramos de población, de forma que se fija un 10% para los municipios de menos de 5.000 habitantes; 500 más del 7% de la población si se trata de localidades de entre 5.000 y 50.000 habitantes; 3.650 firmas más del 5% de la población para las que excedan los 50.000, y en las localidades de más de 100.000 habitantes, un total de 6.150 firmas más del 3% de la población, con el límite máximo de 40.000.

Según el vicepresidente de la Junta, esta nueva ley --junto a la de transparencia-- demuestran la apuesta del Gobierno andaluz de coalición por "mejorar la calidad de la democracia", de forma que los ciudadanos "recuperen la confianza" en la política. Aseguró que es más avanzada que la de Cataluña.