El Consejo de Gobierno ha iniciado la tramitación del anteproyecto de Ley de modificación de la Ley para la Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía, que prevé un plan para eliminar la brecha salarial entre mujeres y hombres, e incluye como novedad un régimen de infracciones y sanciones.
El nuevo texto, elaborado con las aportaciones de las principales asociaciones de mujeres y agentes socioeconómicos, presta especial atención al objetivo de acabar con los obstáculos que impiden el acceso al mercado de trabajo, y responde al mandato del Parlamento y al Pacto Andaluz por la Igualdad de Género.
"Será una ley avanzada, útil y necesaria, marcada por la transversalidad", ha señalado en rueda de prensa la consejera de Igualdad y Política Sociales, María José Sánchez Rubio.
Junto con las disposiciones dirigidas a luchar contra la desigualdad o brecha salarial que contará con un plan específico para terminar con esta situación "ilegal", el anteproyecto establece también la creación del Registro Andaluz de Planes de Igualdad de las Empresas.
En el sector público, las principales reformas se dirigen a reforzar la presencia de la mujer en aquellos cuerpos, niveles y categorías de puestos con menor representación, aunque también se implantará la garantía de proporcionalidad equilibrada entre hombres y mujeres en los tribunales de oposición y en las comisiones de selección.
En cuanto a la conciliación de la vida familiar y laboral, la consejera ha destacado la reserva de al menos un 40 % de las plazas de cursos de formación en el sector del empleo público de la Junta a mujeres incorporadas del permiso de maternidad o excedencia por cuidado de menores o personas dependientes.
No obstante, la futura norma recogerá que las empresas públicas de más de 500 trabajadores tengan que contar "obligatoriamente" con guarderías, mientras el ámbito privado la Junta instará a las sociedades poner en marcha este tipo de servicios.
Se atribuye al Instituto Andaluz de la Mujer las nuevas funciones de investigar e informar sobre este tipo de casos en el sector privado que vulneren los derechos, complementando así la acción inspectora.
El anteproyecto incluye un nuevo artículo dedicado a las mujeres jóvenes, con medidas para promover su incorporación al mercado laboral, facilitar la detección precoz de la violencia de género y fomentar una imagen igualitaria en los medios de comunicación y en la industria del ocio, especialmente en los videojuegos.
Otra de las novedades es la creación de un régimen sancionador específico para garantizar la igualdad de género, de forma que contempla multas de entre 6.000 y 120.000 euros, además de penas accesorias como la prohibición de acceder a ayudas públicas.
El nuevo sistema disciplinario se vinculará a las conductas infractoras que no recogen los regímenes que actualmente se aplican en materias laboral (Inspección de Trabajo y Seguridad Social) y publicitaria (Consejo Audiovisual de Andalucía).
La reforma, según la consejera, extiende el ámbito de la planificación a las entidades locales, que deberán aprobar sus propios planes de igualdad, mientras en materia educativa establece crear una comisión de expertos encargada de la revisión de los libros de texto conforme a los principios de igualdad.
También dará a la inspección educativa nuevos mecanismos para el desempeño de sus funciones en esta materia.
Por su parte, las universidades tendrá que elaborar planes de prevención de la discriminación y de la violencia de género, aunque la inclusión de estos contenidos afectará igualmente a los programas de formación especializada de los profesionales del Servicio Andaluz de Salud (SAS), mientras que en el área social la norma ampliará a las mujeres prostituidas el ámbito de la atención.
