El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía tiene previsto aprobar en la reunión que celebrará este lunes el decreto que establecerá una nueva regulación sobre la garantía de tiempos de pago en sectores prioritarios, que reducirá a 20 días el plazo máximo de abono a los servicios esenciales relacionados con sanidad, educación y servicios sociales y establecerá una garantía de pago en caso de incumplimiento por parte de la Administración autonómica.

El Consejo de Gobierno se celebrará este lunes en lugar del martes, como suele ser habitual, debido a que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, se desplazará a Madrid para intervenir en la Conferencia de Presidentes que se celebrará este martes.

El borrador de este decreto fue objeto de debate en la reunión del Consejo de Gobierno que se celebró el 24 de mayo de 2016, donde la consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, explicó su contenido. Según dijo, junto con la reducción del tiempo de pago por servicios prioritarios y concesión de becas y ayudas al empleo, el decreto también fija en un máximo de 45 días el plazo para el pago de subvenciones en estas áreas esenciales. Además, el decreto establecerá un mecanismo de garantía de estos nuevos tiempos de pago, en caso de incumplimientos, con el fin de solventar incidencias e impedir demoras.

Así, la garantía de abono en 20 días se vinculará a los servicios públicos educativos, sanitarios y de servicios sociales. En educación, se agilizarán los pagos por prestaciones de apoyo a las familias --gratuidad de libros de texto, aula matinal, transporte escolar, comedores escolares, becas y ayudas al estudio, Becas 6000 y de Segunda Oportunidad y plan deporte en la escuela--; por los conciertos docentes, y por los gastos de limpieza, seguridad, electricidad y funcionamiento de los centros sostenidos con fondos públicos.

En el sector sanitario se incluyen las facturas relativas a la atención sanitaria, los conciertos (como los de transporte sanitario, diálisis o rehabilitación) y todas aquellas partidas necesarias para el funcionamiento de los centros (agua, gas, limpieza, lavandería y prestaciones farmacéuticas y complementarias, entre ellas).

PRESTACIONES / Por su parte, en los servicios sociales destacan los relacionados con atención a la infancia, dependencia, asistencia jurídica gratuita, drogodependencias y protección contra la violencia de género.

En cuanto a las subvenciones, en el ámbito educativo, supondrá agilizar los abonos relativos a alumnos con necesidades específicas, escuelas hogar, proyectos de plurilingüismo, mediación intercultural, formación en centros de trabajo e innovación. En los servicios sociales, la reducción de tiempos beneficiará sobre todo a pensiones asistenciales y ayudas para mayores y discapacitados, víctimas de violencia de género, instituciones de acogimiento y familias en dificultad, entre otras.

Las medidas previstas agilizarán los procedimientos de gestión, fiscalización y contabilización en todas estas áreas esenciales, garantizando así el pago de más de un millón de facturas al año por un importe estimado de 6.150 millones de euros.