La consejera andaluza de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, pidió ayer una revisión de la Ley Integral de Violencia de Género para "que se abra" y prevea más casos, como los relacionados con la trata, la prostitución, los abusos sexuales y el acoso laboral. "Hay que abrir el espacio de la violencia de género a otras situaciones", contestó la consejera al ser preguntada por el doble crimen de Cuenca, en el que una de las víctimas mortales, la joven que acompañaba a la exnovia del presunto asesino, no es considerada como víctima de violencia de género por la actual normativa.
Sánchez Rubio, en declaraciones a los periodistas, recordó que la actual ley de violencia de género tiene ya once años y consideró que ese intervalo de tiempo es otro argumento para su revisión y actualización. La consejera hizo estas declaraciones con motivo de la presentación de un nuevo protocolo para profesionales que trata de ofrecer un "plan personalizado" para las víctimas de violencia de género en Andalucía.
Este plan, precisamente, trata de ampliar la asistencia a mujeres víctimas de prostitución, trata, abusos sexuales y acoso laboral, por un lado, y de evitar que las mujeres que denuncian malos tratos acaben retirando sus denuncias o, en palabras de la directora del Instituto Andaluz de la Mujer, María Angeles Sepúlveda, "prevenir pasos atrás".
Por ese motivo el nuevo plan fue definido por la consejera como "un apoyo potente" a las mujeres víctimas de malos tratos, las cuales, según Sánchez Rubio, han de enfrentarse a la hora de denunciar a sus ámbitos familiar o laboral. Con esta ayuda personalizada, "si dan el paso no van a estar inseguras", señaló la consejera antes de admitir que ha sido "un error" retirar las campañas de concienciación contra el maltrato a las mujeres, dado el número de casos registrados en los últimos meses.
