La consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, ha pedido al Gobierno central, en concreto al Ministerio de Justicia, que establezca un mecanismo o vía exprés que permita agilizar los procedimientos judiciales, en aras de poder recuperar el dinero presuntamente defraudado procedente de ayudas a empresas o por cursos de formación.

Montero, quien insistió en que la Junta va a poner "todos los medios necesarios" para recuperar "hasta el último euro que se haya defraudado por parte del defraudador", ha dejado claro que la Administración autonómica "es la primera que se ve incomodada por todas las garantías jurídicas y procesales que tienen los defraudadores o los que han hecho un uso indebido del dinero público, lo que perjudica la agilidad en la recuperación del dinero público".

Tras indicar que esas garantías jurídicas se dan tanto en casos como el de los presuntos ERE irregulares como en el de los cursos de formación y precisar que dichas garantías "no las pone la Junta sino que las obligan las leyes", Montero ha abogado por el establecimiento de un "consenso nacional general" con vistas a "dar más agilidad jurídica, una vía exprés, a todos aquellos procedimientos de reclamación de cantidades por presunto fraude o malversación".

Así, considera que "sería bueno establecer por parte del Ministerio de Justicia una vía extraordinaria o exprés en los tribunales para que no se eternicen las reclamaciones y se recupere el dinero a la mayor celeridad en los casos de fraude, pues al final vemos que las cantidades que se recuperan son pequeñas en relación con el dinero defraudado".

Por todo ello, la consejera anunció una serie de medidas de refuerzo e intensificación del control para las entidades que reciben subvenciones y ayudas de la Junta, ya sean ayudas a empresas o entidades o para cursos de formación, y que se incorporarán en la nueva Ley de Presupuestos de 2015, en aras de un "riguroso control del dinero público". Esas medidas adicionales se centran en reforzar los mecanismos de control sobre las empresas que reciben ayudas de la Junta a través de la capacidad inspectora propia, y para ello además propondrá a la Agencia Tributaria estatal un convenio de coordinación que permita "tener capacidad para hacer una inspección más exhaustiva para todas las entidades que reciben financiación de la Junta". Y se incluirán medidas específicas en el plan de inspección anual.