La consejera de Hacienda, María Jesús Montero, se ha dirigido al ministro Cristóbal Montoro para pedirle que el Estado «se quede» con el impuesto de sucesiones, cedido a las comunidades autónomas, y compense a Andalucía con financiación para el sostenimiento de los servicios públicos.

«Le pedimos al Gobierno de Rajoy que se quede con el impuesto, que sea gestionado por el Estado y que nos compense para poder seguir adelante con los servicios públicos», dijo el portavoz del Gobierno, Miguel Ángel Vázquez, en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno, en la que se ha adoptado dicho acuerdo.

«Es un impuesto al que tiene que hacer frente la Administración competente, que es el Estado, y por eso le pedimos al Gobierno que se quede con él, que asuma su responsabilidad y que dejen de enredar y de engañar a los ciudadanos», señaló el portavoz en referencia a las iniciativas del PP para tratar de que la Junta elimine este tributo. Vázquez acusó al PP de «enfrentar» a los ciudadanos y de crear «alarma social», y justificó la campaña puesta en marcha esta misma semana por la Consejería de Hacienda, que incluye un simulador on line para que los ciudadanos puedan calcular lo que tendrían que pagar, o no, tras recibir una herencia, en la necesidad de «desmontar las mentiras» de dicha formación.

Detalló que, en su primer día de funcionamiento, el simulador ha contado con 43.412 visitas, lo que demuestra, a su juicio, la «utilidad» de esta herramienta, al tiempo que confirma que «hacía falta esta campaña para desmontar leyendas urbanas y, directamente, desactivar los bulos del Partido Popular».

Insistió en que el impuesto de sucesiones y donaciones tiene 30 años de vigencia en España y fue cedido a las comunidades autónomas «sin ningún tipo de armonización» como parte de los ingresos del sistema de financiación autonómica.

«Están enfrentando a los ciudadanos con mentiras. ¡Ya está bien!», exclamó Vázquez, que recordó que el Gobierno del PP hizo una reforma fiscal «en la que en ningún momento contempló la reforma de este impuesto, mientas sí tocó otros».

Tras destacar que es un impuesto progresivo que también tienen otros países europeos, reiteró que en Andalucía sólo dos de cada cien personas tienen que pagarlo cuando se trata de parientes directos, mientras que si son indirectos «pagan igual en toda España».

Al mismo tiempo, se preguntó por qué el Gobierno del PP no eliminó este impuesto «si lo consideraban tan grave», lo que le llevó a afirmar que la petición de los populares es «de boquilla». «Demagogia y marrullería; éste es un caso paradigmático de la forma fullera del Partido Popular de comportarse», denunció.

PROYECTO DE GAS EN DOÑANA / En relación a otros asuntos, el Gobierno andaluz reclamó ayer a la Administración central que «escuche el clamor» contra los proyectos gasísticos en el entorno de Doñana y, tras subrayar que es la «competente» en materia de hidrocarburos, denunció que no ha realizado una adecuada evaluación de los posibles efectos.

El consejero de Medio Ambiente, José Fiscal, ha presentado un informe ante el Consejo de Gobierno, en el que reitera la exigencia de que la evaluación ambiental considere el conjunto del proyecto, una posición que ya expuso el pasado 19 de enero en Bruselas para lograr el apoyo del organismo comunitario en su «obligación» de proteger Doñana y su entorno. El proyecto lo impulsa Gas Natural y cuenta con cuatro zonas de almacenamiento con informes favorables.

El consejero dijo que no le van a «doler prendas» por impulsar cualquier tipo de actuación que esté en manos del Gobierno andaluz para paralizar el proyecto de almacenamiento de gas. El Ejecutivo andaluz discrepa con la «artificiosa división» de este proyecto con el «beneplácito» del Gobierno central, al que advirtió de que las instituciones están para «buscar las mejores soluciones», por lo que insistió en que la Junta hará lo que esté en su mano para conseguir su paralización.