La Junta de Andalucía ha sancionado con 5,82 millones de euros al Banco Popular y con 120.000 al Banco Sabadell por incumplir la función social de sus viviendas, según informó ayer la Consejería de Fomento y Vivienda. Ambas entidades, informa una nota de la Consejería, han incumplido el artículo 20m de la Ley de Vivienda protegida, que fue establecida e introducida por la Ley de Función Social de la Vivienda y que implica la obligación legal de ofrecer sus viviendas protegidas a los registros municipales de demandantes.
En el caso del Popular, el número de viviendas sin ofrecer a los registros que ha acreditado la Consejería es de 97 y de dos en el caso del Sabadell y la sanción es de 60.000 euros por vivienda, al constituir cada omisión del deber de cederla al registro una infracción muy grave de la Ley de Vivienda Protegida. "Una vivienda protegida se ha construido con dinero público y debe tener siempre como destinataria una familia que la necesite y cumpla los requisitos. Las VPO no pueden servir a fines especulativos", afirma el comunicado.
ELENA CORTES Por su parte, la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, defendió ayer la sanción porque "eran viviendas ocultas a los registros de demandantes", tras lo que ha resaltado que Andalucía "es la única comunidad donde se ha acabado la impunidad de los bancos".
Más aún, la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, reclamó ayer al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que retire "cuanto antes" el recurso interpuesto en el Tribunal Constitucional a la Ley de Función Social de la Vivienda ante "un drama" de la "magnitud" del de los desahucios que afecta a "miles de familias", todo ello tras conocerse la sanción a los bancos. Díaz añadió que el Ejecutivo autonómico impulsó la norma ante el "drama humano" que suponen los desahucios.
