La Junta de Andalucía estudia recurrir ante la Justicia europea la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que anula el apartado del decreto-ley andaluz de medidas para asegurar el cumplimiento del fin social de la vivienda, conocido como decreto antidesahucios, que permite la expropiación de viviendas vacías a los bancos por considerar que invade la competencia exclusiva del Estado en materia de "coordinación de la planificación general de la actividad económica".

Así lo avanzó ayer en Sevilla la consejera de Fomento y Vivienda en funciones, María Jesús Serrano, que insistió en pedir al Gobierno central que retire el recurso presentado ante el Tribunal Constitucional contra la Ley de Función Social de la Vivienda, que el Ejecutivo andaluz elaboró con posterioridad. La Junta "respeta la sentencia del TC pero no la comparte", por lo que la están estudiando los servicios jurídicos, una sentencia "compleja, con más de 62 folios y cuatro votos particulares", de manera que "decidiremos lo que proceda en Derecho".

COMPETENCIAS "Es todo lamentable, pues además es una sentencia con cuatro votos particulares, uno de ellos de la vicepresidenta del TC, por lo que no ha habido unanimidad", indicó la consejera, quien tras reiterar que la sentencia llegó a los servicios jurídicos y se está estudiando, explicó que no cabe recurso en España "pero sí podría caber recurso de amparo ante Estrasburgo, algo que se está valorando y estudiando".

Serrano explicó que la idea es "ver cómo podemos paliar las consecuencias de esta sentencia, que recoge cuestiones de forma, que posteriormente, cuando se tramitó la Ley de Función Social de la Vivienda, creemos que se subsanaron, y cuestiones de fondo, como es la expropiación del uso". En ese aspecto, sobre la expropiación del uso para evitar desahucios, Serrano recuerda que el TC "alude a que no es competencia de la Comunidad y que puede afectar a la Constitución y al orden económico y a la posibilidad de que afecte a la economía española", algo que no comparte la Junta y que la consejera lamenta "profundamente", tras lo que considera que "eso se podría evitar si retirara el recurso sobre la Ley de Función Social de la Vivienda".

"La Junta y la presidenta tienen interés en seguir haciendo efectivo el derecho a una vivienda digna y no vamos a parar hasta conseguir que nos dejen ejercer nuestras competencias, basadas en el Estatuto", aseveró Serrano, quien insistió en que la Junta "no va a parar a arbitrar algún mecanismo o alguna fórmula, dentro de la legalidad, para ayudar a las familias a evitar que las echan de sus casas".

Para Serrano, esta actitud del Gobierno central "es otra muestra más de que el Gobierno central no apuesta por una política de ayuda a los más necesitados", tras lo que lamentó que el PP "saliera a congratularse y celebrar esa sentencia, cuando eso es lamentable, pues es ponerse en contra de los más desfavorecidos y mas humildes". "No hay cosa peor en esta vida de alguien que está a punto de perder su vivienda, y el Gobierno debería ver esa realidad", señaló.

Explicó que el Constitucional "no ha dicho que la expropiación del uso de la vivienda sea inconstitucional, sino que no es competencia de la Junta, algo que nosotros cuestionamos, pues nos están vaciando de competencias a la Administración autonómica". Así, cree que el Gobierno central "podría plantearse regular ese aspecto y así acabaría con esa problemática", por lo que pide al Gobierno que "ahora que tiene la oportunidad, rectifique y se ponga al lado de los más débiles, retirando el recurso a la Ley de Función Social de la Vivienda, para que pueda desplegar todos sus objetivos".

Recordó que las oficinas de intermediación para personas afectadas por desahucios atendieron más de 17.000 consultas presenciales y más de 18.000 consultas telefónicas y la Consejería ha intermediado con los bancos en más de 7.000 casos.