El Gobierno andaluz no descarta que sus servicios jurídicos impugnen ante el Tribunal Constitucional los presupuestos estatales de 2017, en concreto el apartado sobre inversiones en función del peso de la población (18%), al considerar que «incumple» el mandato recogido en el Estatuto de Autonomía.

La consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, dudó ayer de que se cumpla la «generosa» previsión de ingresos de los Presupuestos del Estado y censuró que se fíe esa recaudación a los trabajadores, las pymes y la clase media, pese a «darles la espalda».

En rueda de prensa tras analizar el proyecto de presupuestos, presentado ya en el Congreso, Montero consideró «generosa» la previsión de ingresos, que crecen un 2,6% respecto a 2016, y recordó que el año pasado «se inflaron» y a mitad del ejercicio dieron un «cerrojazo anticipado a los presupuestos» para que se dejara de gastar por falta de ingresos. Este año, a pesar de que crece la previsión de ingresos y la economía, no se no traduce en más gasto (excluidas las pensiones y transferencias a administraciones), que se reduce el 8,5% y supone el 9% del PIB, el más bajo de los últimos cuatro años.

Según la consejera, el Gobierno debería destinar unos 50.000 millones más de los presupuestados a gasto para paliar los efectos de la crisis en las familias, las pymes y los empleados públicos. Montero dudó también de que se cumpla la previsión de ingresos y el objetivo de situar el déficit en el 3,1% del PIB y, en este sentido, arremetió contra el Gobierno por «dejar el esfuerzo» del cumplimiento del déficit en manos de las autonomías y a los ayuntamientos.

ANDALUCÍA, «PENALIZADA» / Aunque los Presupuestos del Estado no perjudican las cuentas de Andalucía, aprobadas en diciembre de 2016, «penalizan» a esta región por, entre otros motivos, no reconocerle el peso de su población en el reparto de las inversiones del Estado, que supondrían 390,8 millones más de los que les han correspondido. Esta reivindicación del Gobierno andaluz se recoge en el Estatuto de Autonomía y la consejera no descarta que los servicios jurídicos de la Junta impugnen ese apartado del presupuesto. A la queja por la caída de las inversiones en un 36% en Andalucía, se añade que la media por habitante en esta región se sitúa en 137,7 euros frente al promedio nacional de 184 euros.

La titular de Hacienda incidió en que las cuentas de 2017 «dan la espalda a los trabajadores y la clase media» porque se han elaborado «pensando en Bruselas para cumplir el déficit». Argumentó que las políticas del bienestar que son las que benefician a la ciudadanía han experimentado un descenso importante desde que gobierna el PP y los programas sociales son los más castigados.

CRÍTICAS DEL PSOE / El portavoz de Hacienda del grupo socialista en el Parlamento andaluz, Jesús María Ruiz, criticó ayer el proyecto de Presupuestos y apuntó que parece que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, está «empeñado en ajustarle las cuentas a Andalucía». «Son unos presupuestos injustos, truculentos y se aproximan a una chapuza», espetó Ruiz, que apostilló: «¡Vaya papelón que le dejan al PP de Andalucía». En conferencia de prensa, el diputado cordobés sostuvo que el Gobierno central le vuelve a «dar la espalda» a Andalucía porque no han conseguido gobernar en esta comunidad, y se quejó de que esta región sigue siendo la de «menor gasto por habitante».

RECHAZO DE IU / La portavoz adjunta del grupo de IU-CA, Elena Cortés, rechazó ayer los Presupuestos porque son «terriblemente injustos» y los «peores de la historia» para Andalucía, y advirtió de que «consolidan el aumento» de la pobreza, la precariedad y la desigualdad. Cortés denunció que «vuelven a incumplir» el Estatuto de Autonomía con las inversiones en la comunidad en función del peso de la población (18%) y van en la «dirección contraria» a lo que establece la Constitución que «tanto defiende» el Partido Popular.