La presidenta de la Junta, Susana Díaz, manifestó ayer que el Gobierno andaluz tiene como objetivo prioritario que las prestaciones por dependencia lleguen en 2017 a 230.000 andaluces y que el Gobierno central cumpla de «manera clara y firme» la Ley de Dependencia, aportando el 50% de financiación que le corresponde. Díaz valoró el compromiso del Gobierno central de incluir la atención a la dependencia en el nuevo modelo de financiación autonómica, pero ha reclamado recursos diferenciados para garantizar la atención a los dependientes.

«Tengo que valorar positivamente este primer paso», dijo Díaz, que resaltó que se produce después de que el Gobierno andaluz y otros gobiernos autonómicos lo reivindicaran, pues «semanas atrás, cuando se hablaba sobre los elementos que iban a formar parte de la discusión, se hablaba de la sanidad, pero no de la dependencia», recalcó.

En declaraciones antes de presidir una reunión en Sevilla con la junta directiva del Comité Español de Representante de Personas con Discapacidad (Cermi) en Andalucía, pidió que no se vuelva «a poner en cuestión, nunca más, un derecho que da dignidad, empleo y que consolida el cuarto pilar del Estado del bienestar».

FINANCIACIÓN SINGULAR / Aunque expresó su satisfacción por los resultados de la segunda reunión preparatoria de la Conferencia de Presidentes, en la que el Gobierno y las comunidades autónomas abordarán el próximo martes la inclusión de la dependencia en el modelo de financiación autonómica, la presidenta andaluza reclamó un tratamiento «singular» de la Ley de la Dependencia y «no desviando fondos de otras partidas». Tras subrayar que esta ley «obliga» a que las prestaciones sean sufragadas al 50% por el Estado y las comunidades, pero «hasta ahora no ha sido así», defendió que se tiene que desarrollar con «financiación adicional».

«No se trata de sacar fondos de otros ámbitos del Estado de bienestar y destinarlo a la dependencia, sino de darle la consideración, el tratamiento y los recursos que la propia ley reconoce», insistió. Tras subrayar que en Andalucía la Junta financia el 80% de la Ley de Dependencia, señaló que uno de los objetivos de su gobierno es incrementar de 185.000 andaluces que reciben en estos momentos una prestación a 230.000 durante este año, para lo que se va a poner en marcha un plan de choque.

Incidió en que otras muchas personas necesitarán, en alguna etapa de su vida, acceder a la Ley de Dependencia, por lo que es necesaria la «firmeza» para que no se ponga en cuestión un «derecho» detrás del cual está «la dignidad de las personas, el respiro de las familias y la igualdad de oportunidades». Según Díaz, el coste de la Ley de Dependencia es una cuestión de «voluntad política» porque «está a años luz de lo que están costando otras cosas accesorias».