La consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, aseguró ayer que los presupuestos de la Junta para el 2017 son el «mejor instrumento» para dar un respiro a la clase media y robustecer servicios públicos como la sanidad, la educación y la «apuesta» del Ejecutivo por el fomento del empleo. Las cuentas quieren dar una respuesta progresista a las necesidades de los ciudadanos, están diseñadas pensando en ellos», sostuvo en el Parlamento andaluz María Jesús Montero durante el debate de totalidad de los presupuestos.

Según la consejera, el Ejecutivo andaluz ha conseguido el «mejor» instrumento para acompañar a la sociedad en el inicio de la recuperación económica y robustecer las políticas públicas para la redistribución de la riqueza. La cifra total del presupuesto, pactado con Ciudadanos, asciende a 33.239 millones, con lo que crecen un 6,2%, de los que unos 4.000 millones corresponde a gasto financiero y la mitad de esta cantidad a amortizar la deuda y al pago de intereses de los préstamos del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA).

Destaca un aumento de gasto en inversión pública del 10% hasta elevarse a 3.668 millones y prevén un crecimiento «prudente» de la economía andaluza del 2,3% y la generación de 85.000 empleos, de los que 20.000 corresponden a los planes y ofertas de empleo de la Junta. Las cuentas recogen un incremento en Educación (3,8%), Salud (5,5%) y Políticas sociales (3,1%).

Junto a la defensa del proyecto presupuestario, la estabilidad y el atractivo que aporta a las inversiones, la consejera denunció los «obstáculos continuos y los palos en la rueda» que pone el Gobierno central, al que afeó su negativa a facilitar información para elaborar la previsión de ingresos y que «no haya» una financiación autonómica justa.

«4.672 millones nos separan de la media de financiación que se han ido a otros territorios», señaló Montero, que volvió a demandar un plan de empleo y que el Estado cumpla con las inversiones teniendo en cuenta la población o lo que «le corresponde» a Andalucía para la dependencia.

LA OPOSICIÓN / La portavoz parlamentaria del PP-A, Carmen Crespo, rechazó ayer el proyecto de Presupuestos de Andalucía para el 2017, que tildó de «continuista», y acusó al Gobierno socialista de convertir esta comunidad autónoma en un «infierno fiscal». Crespo criticó no sólo el «fondo», sino la «forma», al considerar que las cuentas se han presentado con «opacidad» y se ha incumplido la ley, pues el proyecto no se publicó en el Portal de la Transparencia cuando fue remitido al Consejo Consultivo.

«Es una deslealtad institucional, una deslealtad para la democracia popular de esta Cámara», denunció Crespo, que consideró una «falta de respeto» que los grupos parlamentarios hayan conocido las cuentas el mismo día que los consejeros del Gobierno andaluz las estaban presentado en las provincias. También tildó de «falta de transparencia» que por sexto año consecutivo los presupuestos no estén provincializados para «impedir que se evalúen y que se quejen las provincias». Se preguntó si tiene más mérito ser «los primeros» en presentar los presupuestos.

Según el PP, los presupuestos para el 2017 «perseveran en los mismos errores» y no avanzan en medidas para que Andalucía «converja mejor». La portavoz popular defendió la necesidad de cambiar el modelo productivo en Andalucía, al tiempo que criticó que bajen las partidas en los sectores tradicionales, como agricultura, ganadería o pesca.

Por su parte, Podemos reclamó a la Junta derogar la reforma fiscal pactada con Ciudadanos y que «recupere» la confianza de los andaluces con políticas de «justicia social», como la renta básica, y opinó que el presupuesto para el 2017 supone gobernar «de espalda» a los ciudadanos. Así lo planteó la presidenta del grupo parlamentario de Podemos, Carmen Lizárraga, en defensa de la enmienda a la totalidad con propuesta de devolución que ha presentado su partido a las cuentas andaluzas del próximo ejercicio, que tildó de «insuficientes».

«Insuficientes para revertir los recortes y la política de austeridad en servicios públicos esenciales como la sanidad o la educación», subrayó. .

Por cierto que la consejera de Hacienda, María Jesús Montero, aseguró que en política de fiscalidad el PSOE y Podemos están «bastante próximos», y apuntó que «a lo mejor» se podría llegar a un acuerdo entre las fuerzas de izquierda del Congreso para modificar la «regresiva» política fiscal del Estado. Montero respondió así a la portavoz de Podemos, Carmen Lizárraga, quien reclamó a la Junta derogar la reforma fiscal pactada con Ciudadanos. La consejera replicó que dicha reforma es «una buena base de partida» y confesó que se resiste a pensar que Podemos no comparta que Andalucía haya optado por una bajada de dos puntos a las rentas inferiores a los 60.000 euros.

El líder de IU Andalucía, Antonio Maíllo, rechazó el proyecto de Presupuestos de Andalucía para el 2017 porque consideró que consolidan la «derechización» de la política económica de la Junta y que suponen una «renuncia» a aumentar la calidad del empleo y a blindar la sanidad y educación pública. En la defensa de la enmienda a la totalidad presentada por IU, Maíllo lamentó que las cuentas para el próximo año suponen «profundizar y dar continuidad a los errores» de los presupuestos vigentes en el 2016.

CIUDADANOS / El presidente del grupo parlamentario de Ciudadanos, Juan Marín, defendió que su partido apoya el proyecto de ley de presupuestos de la Junta para el 2017 porque incluye medidas «más que suficientes» para ello y pidió al Gobierno andaluz que «cumpla su parte del acuerdo». Marín sostuvo que el proyecto de ley «es aceptable si los que reciben sus beneficios son los andaluces». Puso como ejemplo de «buenas noticias» el aumento del presupuesto en sanidad, en justicia y en dependencia, así como en la partida destinada a trabajadores autónomos, y resaltó el acuerdo de trabajar «para una reformulación integral de la estructura autonómica del IRPF».