El consejero de Fomento y Vivienda, Felipe López, anunció ayer que la Junta denegará nuevas autorizaciones de vehículos de alquiler con conductor (VTC) «si los ayuntamientos estiman que no son necesarias», dentro de las medidas que adoptará el Gobierno andaluz para un equilibrio entre taxis y VTC.
En el Parlamento andaluz, el consejero insistió en que las competencias para regular ambos sectores «dependen del Gobierno», de forma que los esfuerzos de la Consejería de Fomento y Vivienda «se concentrarán en reducir el riesgo de graves desequilibrios en la ordenación del sector de transporte de viajeros en vehículos turismo».
Por ello, la Junta ha decidido solicitar informe a los ayuntamientos para resolver las solicitudes de autorizaciones de VTC, ya que «son las administraciones locales quienes están más cercanas a la realidad y quienes deben expresar su parecer al respecto». Si tal informe resultara negativo, la consejería denegará las autorizaciones de VTC.
Este ha sido uno de los compromisos adquiridos por el consejero con los representantes de la Federación Andaluza de Autónomos del Taxi, con quienes -recordó- «he mantenido hasta cinco reuniones para buscar soluciones al desequilibrio» provocado por la eliminación en 2009 de la ratio de un taxi por cada 30 VTC. López precisó que la suspensión de este criterio «ha provocado que Andalucía haya pasado de 472 VTC y 9.169 taxis en 2014, con una proporción de 1/19, a 882 VTC y 8.835 taxis en la actualidad, es decir, una ratio de 1/10».
VALORACIÓN DE SOLICITUDES / El consejero advirtió de que la situación actual «puede ser aún más compleja una vez que los juzgados resuelvan todos los procedimientos pendientes de aquellas VTC que solicitaron ejercer la actividad hasta 2015, año en el que el Gobierno central restableció la ratio de 1/30, y que les fueron denegados». «Ahora, tras sentencias estimatorias, la consejería se ve obligada a valorar de nuevo las solicitudes, punto en el que hemos acordado introducir el informe municipal sobre la conveniencia de autorizar más VTC», explicó López.
Asimismo, y dentro de sus competencias en materia de inspección y sanciones, la consejería se ha comprometido a reforzar el control de esta actividad a través del Plan de Inspección del Transporte de Andalucía. López apuntó que desde 2014, momento en el que aumentaron las licencias de VTC, «hemos aumentado el número de inspecciones de 900 hasta las 2.500 anuales, es decir, alrededor de un 25% de las autorizaciones son inspeccionadas anualmente».
En ese sentido y dentro de los compromisos adquiridos, López manifestó que el plan introducirá medidas que permitan mejorar la eficacia con los ayuntamientos y la Policía Local para mejorar e intensificar la labor inspectora.
El diputado del PP Antonio Saldaña aseguró que el Gobierno andaluz «no tiene normativa sobre VTC, no porque el Estado no se lo haya dado, sino porque no ha querido ejercer las competencias dadas por el Estatuto de Autonomía, pero le echa las culpas a otros». Asimismo, Saldaña criticó la «pasividad» de la Junta, tras lo que apuntó la «curiosa» actitud en la huelga de taxis de Málaga, donde el Gobierno andaluz «no dio la cara, mostró una pasividad absoluta tras cuatro días de huelga, cuando si hubiera actuado de forma inmediato, se hubiera solventado mucho antes».
