El Consejo de Gobierno de la Junta ha aprobado hoy un "plan de choque" para reforzar la atención a la dependencia y reducir los tiempos en la incorporación de los beneficiarios al sistema, al que este año accederán 76.400 personas, con lo que el número total de atendidos superará los 234.000.

Se trata del plan de medidas para la reducción del tiempo medio de respuesta asistencial en materia de dependencia en Andalucía, que cuenta con un presupuesto anual de 25 millones de euros.

En la conferencia de prensa posterior al Consejo de Gobierno, la titular de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha expresado el compromiso de su departamento de ser "rigurosos" con el plazo de seis meses que establece la ley para el acceso a las prestaciones, que actualmente no se cumple.

Con este plan, que se impulsará en las próximas semanas y tendrá una vigencia de un año, la Junta pretende que Andalucía siga siendo "líder y referente nacional en la atención a las personas dependientes", pese a los "recortes" y la "asfixia" financiera, según la consejera, que ha recordado que la Junta financia actualmente el 78 % del sistema.

Así, ha detallado que los recortes de la Administración central en materia de dependencia han provocado que Andalucía deje de recibir 508 millones de euros desde 2012, a los que se suman otros 16 por el pago de la teleasistencia avanzada.

Este dinero hubiese permitido la atención de 105.000 personas más y la creación de 20.000 puestos de trabajo en el sector (actualmente son 45.000 los empleos), ha subrayado la consejera.

Con el plan aprobado hoy, la Junta espera "agilizar" todo el procedimiento, aunque la consejera admite que la situación "se resolverá, realmente, cuando Andalucía reciba financieramente lo que le corresponde por ley".

El plan cuenta con tres bloques de medidas, referentes a agilización de procedimientos, ampliación de supuestos de excepcionalidad y mejora de la atención a las personas con dependencia moderada.

En el primero de estos ámbitos, el plan refuerza la colaboración con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) para mejorar y agilizar la respuesta en los procesos de reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones, dado que los ayuntamientos son la "puerta de entrada" al sistema a través de los servicios sociales comunitarios.

El segundo de los bloques amplía y define los nuevos supuestos de excepcionalidad en el acceso a la prestación económica para el cuidado en el entorno familiar y el apoyo a cuidadores no profesionales.

Se incorporan así los menores de 21 años en etapa escolar; las personas con enfermedad mental que permanecen con la familia, y aquellas con necesidades especiales para las que el servicio de ayuda a domicilio o de centro de día resultan insuficientes y para las que la atención residencial se desaconseja por los servicios sociales comunitarios.

En cuanto a la incorporación al sistema de las personas con dependencia moderada reconocida, se reforzarán las medidas comprometidas en el I Plan Andaluz de Promoción de la Autonomía Personal y Prevención de la Dependencia 2016-2020, y se ampliará la utilización de la red de Centros de Participación Activa de la Junta.

Entre otras acciones, destaca el reconocimiento del Servicio de Teleasistencia Avanzada como la prestación principal, en lugar de complementaria como hasta ahora, para las personas con dependencia moderada, ha explicado la consejera.

Esta ayuda permite la detección de situaciones de riesgo mediante el uso de dispositivos periféricos en el hogar; facilita la atención fuera del domicilio con elementos móviles y de localización; favorece la actuación de los servicios de urgencias y emergencias sanitarias, y tramita con mayor agilidad las citas médicas y consejos sanitarios a través de la integración en la plataforma de asistencia del 061 y Salud Responde.

En el presupuesto andaluz de 2017 se consignan 1.181 millones para la dependencia, un 2,5 % más que en 2016, para el desarrollo de esta norma, cantidad similar a la que el Gobierno destina para toda España (1.250 millones), ha remarcado Sánchez Rubio, que ha recordado que el compromiso de la Junta que el incremento continúe hasta alcanzar el 10 % acumulado a lo largo de la legislatura.

"No vamos a permitir que la ley se caiga, vamos a exigir el cumplimiento del compromiso financiero" que establece la ley, ha insistido la consejera, que ha vuelto a reclamar un pacto estatal para la sostenibilidad del sistema.