La jueza que investiga el caso de los ERE, María Núñez Bolaños, ha citado el 25 de abril próximo al obispo emérito de Cádiz Antonio Ceballos para que declare como investigado por una ayuda de 300.000 euros que le concedió la Junta de Andalucía en el 2009 al geriátrico del Obispado gaditano. La Guardia Civil dijo en un atestado entregado al juzgado de instrucción 6 de Sevilla que «puede existir responsabilidad penal por tráfico de influencias» del obispo emérito de Cádiz. La jueza, sin embargo, no precisa el delito que le imputa al obispo.
