La jueza María Núñez Bolaños ha abierto diligencias por el ERE de la Faja Pirítica de Huelva de 2003 y ha imputado a 25 personas, entre ellas dos ex altos cargos del Gobierno de José María Aznar, seis ex altos cargos de la Junta de Andalucía, 10 sindicalistas, dos mediadores y cinco trabajadores.
En un auto, la titular del juzgado de Instrucción 6 de Sevilla abre diligencias por el ERE aprobado por la crisis minera e incluye como investigadas -antes imputadas- a la secretaria general de Empleo y a la directora de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales en 2003, Carmen de Miguel y Soledad Córdova, respectivamente.
Entre los imputados también están los exconsejeros José Antonio Viera y Antonio Fernández; tres ex directores generales de Trabajo de la Junta; el ex secretario general de UGT-A Manuel Pastrana; el ex secretario general de CCOO-A, Francisco Carbonero; y responsables de Uniter y del Estudio Jurídico Villasís.
La jueza considera que los imputados cometieron los delitos de malversación y prevaricación, y precisa que en este ERE hubo pólizas para trabajadores que no habían trabajado en la Faja Pirítica -intrusos-, que se falsearon edades para que pudieran cobrar y que se destinó dinero de las pólizas de los trabajadores a «fines distintos».
La investigación se centra en las subvenciones de más de 40 millones de euros concedidos desde el Ministerio de Trabajo y desde la Junta de Andalucía a cinco minerías de la Faja Pirítica de Huelva: Almagrera, Navan Resource, Filón Sur, Nueva Tharsis -Bolsa de Tharsis e Insersa- y Minas Río Tinto.
Los ex altos cargos de la Junta, entre ellos los ex directores de Trabajo Francisco Javier Guerrero, Juan Márquez y Daniel Rivera, están imputados «por conocer, permitir e impulsar la concesión de fondos públicos de manera arbitraria careciendo del procedimiento legalmente establecido, lo que permitió que terceras personas se lucraran de manera indebida de fondos públicos».
