La juez de instrucción María Núñez Bolaños ha dictado un auto en el que archiva la causa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) respecto a ocho ex altos cargos, tres de ellos consejeros del Gobierno andaluz, que ya habían sido exculpados en la pieza política del caso, en el que hay 26 investigados, antes imputados.
En el auto, la titular del juzgado de instrucción 6 de Sevilla acuerda el archivo respecto a los exconsejeros Manuel Recio, Martín Soler y Antonio Ávila porque no existen hechos diferentes imputables a ellos en la pieza principal de los ERE.
El archivo, que también conlleva el alzamiento de las medidas cautelares adoptadas, afecta al ex secretario general de Hacienda José Haro; al ex director general de Presupuestos Buenaventura Aguilera; y al ex interventor delegado de la Consejería de Empleo Juan Luque. Además, se archiva la causa respecto al ex director de finanzas del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), la empresa pagadora de los ERE, Antonio Diz-Lois; y al ex director general del IFA Antonio Lara.
Estos ocho altos cargos fueron exculpados el 31 de mayo pasado por el juez de instrucción Álvaro Martín en la pieza política de los ERE, en la que imputó a 26 dirigentes, entre ellos a los presidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán. En ese auto de procesamiento, el juez también exculpó a 24 ex altos cargos.
De otro lado, la instructora de los ERE ha citado como investigadas (antes imputadas) a la madre y la mujer de Juan Trujillo, que fue el chófer del ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero y cuyas empresas recibieron de la Junta dos ayudas por un total de 900.000 euros.
PARTIDA Y CONVENIO / En un auto notificado ayer, la jueza explica que las empresas Lógica Estrategia Empresarial S.L. e Iniciativas Turísticas Sierra Morena S.L. recibieron en 2005, cada una de ellas, 450.000 euros con cargo a la partida 31L de los Presupuestos y tras un convenio firmado por Guerrero con el IFA.
Las ayudas fueron concedidas por la Dirección de Trabajo de la Junta de Andalucía a través de la compañía aseguradora Fortia Vida, según el nuevo auto, que también incluye como investigados a Trujillo y a Guerrero.
Según la jueza, desde la Consejería de Empleo se dio orden de transferencia a Fortia Vida de 125.028 euros como pago total de una póliza cuya beneficiaria era la madre de Trujillo, Estrella Blanco. Trujillo, en su declaración ante la jueza que comenzó el caso, Mercedes Alaya, dijo que gastó hasta 25.000 euros al mes de ayudas de la Junta en cocaína para sí mismo y su jefe.
El chófer estuvo encarcelado varios meses durante el año 2012 por haber percibido 1.350.000 euros de la Junta para tres empresas ficticias y otros 122.649 euros de una ayuda sociolaboral que recibió su madre.
La mujer y la esposa de Trujillo están citadas en el juzgado el 22 de noviembre. La juez señala que Trujillo formaba parte de la pieza principal de los ERE, de la que deja de estar presente al instruir una nueva con las dos ayudas a sus empresas, lo que técnicamente se denomina sobreseimiento pero no significa que deje de ser investigado, según el Tribunal Superior de Justicia. H
