La juez rechaza imputar a Chaves y Griñán en los cursos de formación

La magistrada, en un auto al que ha tenido acceso Europa Press, rechaza así la petición realizada por la Asociación de Trabajadores de Delphi, a la que se opuso la Fiscalía Anticorrupción porque «no existen en la causa indicios, al menos por el momento, de la participación de los anteriores presidentes de la Junta, por más que los denunciantes puedan alegar sospechas, que de momento no pasan de simples conjeturas».

El fiscal Fernando Soto se pronunció así ante la petición de la instructora respecto a la posibilidad de acumular en esta pieza separada una denuncia presentada por la Asociación de Trabajadores de Delphi, después de que los antiguos empleados hayan recibido a lo largo de 2016 del Servicio Público de Empleo Estatal sendas demandas en las que se les reclama el reintegro de los subsidios percibidos por desempleo.

ACCIÓN POPULAR / El fiscal no se opuso a que se acumulara la denuncia de los extrabajadores de Delphi a la causa de Ángel Ojeda, que inicialmente había recaído en el Juzgado de Instrucción número 20, aunque consideraba que la asociación «tan solo ha de ser admitida como acción popular, por lo que procede la imposición de fianza».Ahora, y por medio de un auto, la juez acuerda acumular dicha denuncia a la causa tras apreciar «posible conexidad», pero aclara que no será objeto de la misma «un supuesto engaño por representantes de la Administración a estos trabajadores con ofertas de puestos de trabajo».

Tras recordar que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ya ha tenido la ocasión de analizar la naturaleza de los acuerdos celebrados con los representantes de trabajadores en este ámbito, la instructora establece que «quedará al margen cualquier cuestión suscitada con la percepción de prestaciones de desempleo por los trabajadores». La magistrada rechaza tener personada como acusación particular a la Asociación de Trabajadores de Delphi, que «tan sólo será admitida como acción popular al no considerarse perjudicada por la posible comisión de ilícito penal.

En su escrito, Anticorrupción explicaba que, en esta causa, se investiga «la defraudación de subvenciones del entramado de empresas, asociaciones y fundaciones que bien de derecho, bien de facto, regenta Ángel Ojeda», y en concreto las subvenciones percibidas por el dispositivo Delphi y concedidas por la Administración andaluza «donde se simularon relaciones laborales inexistentes, permitiendo con ello de un lado reducir la conflictividad social en el área de la Bahía de Cádiz, y de otro lograr que un grupo de trabajadores incluidos en un dispositivo singular, siguieren percibiendo un salario con cargo a las subvenciones, sin prestar efectivamente trabajo por cuenta ajena».

A juicio del fiscal, existen «serios indicios» de que estas relaciones laborales “fueron simuladas de manera consciente por parte de la Administración andaluza, incluidos sus consejeros de Empleo, que otorgaron las subvenciones», de lo que se desprende la comisión de presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.