El juez de instrucción 16 de Sevilla, Juan Gutiérrez Casillas, ha dado por concluida la investigación de las dos primeras piezas de las ayudas concedidas por la sociedad pública andaluza de capital riesgo, Invercaria, en este caso por los 100.000 euros que recibió Lolita Canalla y los 300.000 concedidos a Fumapa. En dos autos de procesamiento, facilitados por el TSJA, el juez cree que existen motivos suficientes para atribuir a los investigados hechos que podrían ser constitutivos de los delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y tráfico de influencias.

En el caso de la sociedad Lolita Canalla, el juez procesa al expresidente de Invercaria Tomás Pérez Sauquillo, además de a la socia de la empresa de moda y su jefe de publicidad y comunicación.

Respecto a Fumapa, el juez también procesa a Pérez Sauquillo y a otros tres miembros del consejo de administración -Isabel de Haro, Jacinto Cañete y Ramón Martín-, además de a dos administradores de Fumapa. En el caso de la ayuda aprobada en 2008 a Fumapa, el juez explica que se concedió después de que los responsables de la empresa solo entregaran dos folios escritos a mano con gastos entre 2005 y 2008, lo que se consideró un «auténtico» plan de negocios para justificar la subvención recibida. El préstamo a Fumapa se formalizó el 23 de julio de 2008 y dos días después, el administrador de Invercaria hizo un traspaso de 150.000 euros, indica el juez.

Sobre el préstamo de 100.000 euros concedido en 2009 a Lolita Canalla, con sede en Tarifa, el juez afirma que para su concesión no se hizo «propuesta de inversión y ni un solo informe positivo» de Invercaria, y añade que cuando la compañía la pidió ya estaba en causa legal de disolución. La ayuda se aprobó por «una decisión personal y unilateral» del presidente de Invercaria, concluye el juez.