La juez María Núñez Bolaños, que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, tiene previsto tomar declaración a Eduardo Pascual Arxé, banquero barcelonés fugado desde 2015 e implicado en el caso ERE que ha sido detenido en Burkina Faso.

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) han informado de que, tras la detención del expresidente de Eurobank, se solicitó a Burkina Faso su extradición, de forma que, una vez llegue a España, la Audiencia Nacional podría acordar su ingreso en prisión provisional hasta que sea juzgado.

Será entonces cuando el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, que lleva el caso de los ERE fraudulentos, solicite llevar a cabo la declaración que tiene pendiente de realizar, que será presencial o bien por videoconferencia, según han indicado las mismas fuentes consultadas.

Eduardo Pascual ha sido arrestado gracias a una compleja operación de la Policía Nacional en colaboración con la Interpol de España y Burkina Faso y el Agregado de Interior en ese país. Se encontraba hasta ahora en paradero desconocido después de aprovechar su situación de libertad condicional para huir con un pasaporte boliviano. Previamente, había pasado casi 15 meses en un centro penitenciario de Sevilla.

Estaba reclamado por tres juzgados distintos por los delitos de corrupción, estafa, blanqueo de capitales, falsificación de documentos, tráfico de documentos falsos y un delito contra la Hacienda Pública.

Eduardo Pascual Arxé, banquero barcelonés, es el comisionista más importante del caso de los ERE fraudulentos de la Junta de Andalucía. Dirigía, presuntamente, un entramado que recibió cantidades millonarias por intermediar en las prejubilaciones pagadas por la Junta de Andalucía.

Además, es el principal investigado en el caso de la descapitalización de Eurobank, donde ostentaba la presidencia, hasta que dicha entidad se declaró en quiebra y liquidación patrimonial, suspendiendo pagos en agosto de 2003 y cerrando sus puertas cuando contaba con 68.000 clientes, quienes tenían depositados unos 221 millones de euros. Se estima que desaparecieron en ese momento alrededor de 20 millones de euros, sin que hasta la fecha se conozca cuál fue su destino.

El detenido había pasado casi 15 meses en prisión --desde marzo de 2013 hasta junio del año siguiente--- por delitos continuados de cohecho, malversación y prevaricación, delitos contra la Hacienda Pública, falsedad en documento mercantil y asociación ilícita.

En 2015, tras serle denegada la devolución de su pasaporte, abandonó el país con documentación boliviana y desde entonces se encontraba reclamado por la autoridad judicial. La investigación de la Policía Nacional adquirió gran complejidad debido a la amplia red de contactos profesionales del arrestado, así como por los medios económicos de los que disponía para evitar su localización.

CUATRO IDENTIDADES DISTINTAS

En el año 2005 contrajo matrimonio con una ciudadana boliviana, por lo que solicitó la nacionalidad de ese país, que le fue concedida en junio de 2007. Poco después, pidió a las autoridades de Bolivia la modificación de su nombre para pasar a ser Eduardo Monasterio Arce, según ha informado la Policía.

De nuevo, pasados dos años, solicitó cambiar su nombre aludiendo a que coincidía con el de un ciudadano peruano con antecedentes en el ámbito financiero y económico que imposibilitaba su desarrollo profesional. Finalmente, y al expedir un nuevo pasaporte por haberle sido supuestamente sustraído, pasó a llamarse Marcelino José Monasterios Arce.

De esta forma, el arrestado ostentaba tres pasaportes bolivianos y uno español con los que viajaba por todo el mundo sin temor a ser descubierto por los agentes. La Policía lo descubrió en Burkina Faso, donde podría haber contraído matrimonio con una mujer nacional de aquel país con la intención de conseguir, tal y como había hecho en Bolivia años antes, nueva documentación a su nombre, dificultando así la posible extradición en caso de ser detenido.

Cuando los investigadores le localizaron en Uagadugú, capital de Burkina Faso, se coordinó la información sobre su ubicación exacta con el Agregado de Interior del Reino de España en Malí y Burkina Faso y la Oficina de Interpol en aquel país. Una vez facilitada toda la información a las autoridades locales, funcionarios de la OCN Burkina Faso detuvieron a Eduardo Pascual Arxé para su extradición a España.