La juez que instruye el caso de los ERE, María Núñez Bolaños, ha alertado de las personas que han sido imputadas, que «lejos de poder ser consideradas delincuentes, podrían ser consideradas víctimas”.
Así lo afirma en un auto en el que archiva la acusación contra dos sindicalistas de CCOO, un trabajador y el director del hotel Cervantes de Torremolinos, del grupo Rumasa, que fueron imputados por la juez Mercedes Alaya y les impuso fianzas que sumaban 492.080 euros en marzo del 2014. «En la causa han sido imputadas personas que, valoradas en este momento sus circunstancias, lejos de poder ser consideradas delincuentes, podrían ser consideradas ‘víctimas’ de una macrocausa en la que, sin duda, por sus dimensiones, ha resultado complicado descender al detalle de cada caso».
