Juana Rivas tiró ayer la toalla. El demoledor auto que, para sus intereses, dictó la jueza de instrucción número 2 de Granada, en el que le daba un ultimátum para que restituyera a sus dos hijos, de 3 y 11 años, a su padre italiano, condenado por maltrato, dio un giro a la situación y ha provocado que la vecina de Maracena se rindiese y accediese a cumplir las resoluciones judiciales.

Por sorpresa, Rivas dejó ayer a sus dos hijos a cargo de la policial judicial, en la comandancia de la Guardia Civil de Granada en torno a las 11.50 horas. Se adelantó así a la orden de la jueza, que le exigía entregar a los menores en el punto de encuentro familiar a las 17.00 horas. Con esta actitud, Rivas evitó las decenas de cámaras que estaban apostadas a las puertas de su casa y de la citada institución, protegiendo así la imagen de sus hijos.

El padre, Francisco Arcuri, que llevaba un año y tres meses sin verlos y niega cualquier maltrato, pasó a recogerlos un poco antes de las dos de la tarde y también evitó a los medios, aunque su abogado contó que en un primer momento los niños estaban inquietos, pero que luego se quedaron «tranquilos». Arcuri regresará, con toda probabilidad, con ellos a Italia, según ha manifestado en varias ocasiones.

Se cierra así, por el momento, el caso Rivas, que alcanzó un gran eco mediático y desató una gran ola de solidaridad cuando la madre se atrevió, el pasado 26 de julio, a desobedecer e incumplir la orden de entregar a sus hijos al padre, quien tiene la custodia provisional concedida en Italia, pese a que en el 2009 fue condenado en España por «lesiones en el ámbito familiar». Hasta Mariano Rajoy y la Junta de Andalucía se pusieron del lado de Rivas, si bien a medida que pasaba el tiempo y que la madre seguía desaparecida con sus hijos crecieron las voces que le aconsejaban entregarse para no empeorar su situación judicial.

De hecho, su desaparición abrió la vía penal e hizo que el 8 de agosto la jueza de instrucción número 2 de Granada ordenara su detención. Pero no fue hasta el 22 de agosto cuando Rivas decidió entregarse, sin desvelar el paradero de sus descendientes, ante el juzgado de guardia.

EN LIBERTAD CON CARGOS / Este la dejó en libertad con cargos pero la encargada de la investigación penal emitió el viernes un auto en el que la acorralaba, puesto que amenazaba a Rivas con adoptar «medidas cautelares», pedía a la Guardia Civil que tomara cartas en el asunto y, además, imputaba a sus asesoras y familiares por «partícipes» en la sustracción de menores. Todos sus apoyos, hasta las empleadas del centro de la mujer de Maracena, Francisca Granados y Teresa Sanz, han sido llamados a declarar.

Tras conocer el revés judicial, el padre de Rivas ya admitió que estaban «machacados» porque eran conscientes de que a su hija le iban a «quitar a los niños». Su hija huyó de Italia en el 2016, se refugió en Maracena y presentó una nueva denuncia por malos tratos contra su expareja. Desde entonces, ha intentado paralizar la orden de entrega de los menores por todos los medios pero hay tres resoluciones firmes que la obligaron a restituir a los niños. A la desesperada, la granadina acudió incluso al Tribunal Constitucional que, por dos veces, no la amparó por defectos formales en los requerimientos.

Rivas solo tiene ahora un camino claro si quiere lograr la custodia exclusiva de los niños o al menos disminuir el tiempo que estos pasen con su padre: plantar batalla en los tribunales italianos. Según explica la presidenta de la asociación de juristas Themis, Amalia Fernández, tras la entrega la justicia española «no tiene competencia» y si Rivas quiere cambiar la situación debe trasladar la denuncia por violencia machista a Italia y pedir allí lo que considere oportuno para proteger a sus hijos.

Mientras tanto, seguirá siendo investigada en España por sustracción de menores y desobediencia. Rivas puede solicitar un atenuante o eximente de estos delitos dado que finalmente ha entregado a los menores «voluntariamente», según destacó el Instituto Armado y el TSJA.

Además, la fiscalía presentó ayer un recurso de apelación contra la decisión del juez de guardia de dejarla en libertad, que debe dirimirse en septiembre. Por tanto, aún tiene un complejo camino judicial por delante.