El jefe de servicio de Formación para el Empleo de Jaén, José Luis Valentín Martos, y la exjefa de este departamento en Málaga, Isabel Almendro, ha coincidido hoy en que se cumplió con la legalidad y se hicieron los controles sobre las ayudas a la formación otorgadas por la Junta en esas provincias.
La comisión parlamentaria de investigación sobre el presunto fraude en estas subvenciones ha acogido hoy las comparecencias de ambos, mientras que se ha suspendido la de Teodoro Montes, testigo protegido por la juez Mercedes Alaya en este caso, debido a que se ha sentido indispuesto a su llegada a la Cámara y ha tenido que ser trasladado en ambulancia a un centro hospitalario.
El primero en comparecer hoy, el jefe de servicio de Formación para el Empleo de Jaén, que lleva en el cargo desde 2006, ha sostenido que su departamento "ha cumplido estrictamente con la legalidad y ha mantenido el control adecuado" sobre las ayudas.
Según Valentín Martos, imputado por la juez Alaya, todo se tramitó "en el momento adecuado" y se realizaron visitas "a todos los cursos dos o tres veces" para comprobar el seguimiento de los expedientes.
Ha asegurado, además, que en Jaén no existe ninguna justificación ni ningún expediente de reintegro pendiente -salvo uno que se encuentra paralizado cautelarmente por el juzgado al tratarse de un expediente de reintegro cuestionado por el beneficiario-, por lo que ha recalcado que "nada puede prescribir".
Ha detallado que en el periodo analizado se realizaron un total de 3.940 cursos, lo que arroja una media de 656 por año y 50 asignados a cada técnico de seguimiento, y ha dicho que, pese a este volumen de trabajo, las labores de control se han mantenido "prácticamente al día".
"Se ha cumplido estrictamente con la legalidad y se ha mantenido el control adecuado", ha sostenido el jefe de Formación en Jaén, para quien "no es entendible que se diga que hay quince millones pendientes de justificar".
Sobre las exoneraciones, ha emplazado a los diputados a "cambiar las normas" en esta materia y "ponerlas como en el resto de España".
Por su parte, la exjefa de Servicio de Málaga Isabel Almendro, que estuvo al frente de este departamento desde junio de 2001 hasta septiembre de 2014, ha asegurado que durante el periodo en que ejerció esta responsabilidad "se cumplió la normativa vigente".
"Todos los cursos se han concedido cumpliendo los requisitos establecidos; nosotros hemos cumplido en todo momento con las funciones que tenemos encomendadas", ha apostillado.
Sobre las visitas de los técnicos para el seguimiento de los cursos, ha señalado que la "tendencia" era hacerlo en un 100 % de los casos, pese a no ser un requisito, pues la ley -ha dicho- sólo exigía la supervisión de un 5 %.
Sin embargo, ha detallado que en el año 2010 fue "imposible" hacer el seguimiento "in situ" en todos los casos porque hubo una "sobreprogramación" con un 70 % más de cursos y los recursos humanos eran los mismos.
Respecto a la exoneración a determinadas empresas del requisito de estar al corriente de los pagos a la Seguridad Social para ser beneficiaria de las ayudas, asunto que ha acaparado gran parte de su comparecencia, ha indicado que la Ley de Subvenciones lo permite.
"Se exceptúa por la naturaleza de las subvenciones, las empresas pueden no estar al corriente del pago y nosotros aplicamos la norma", ha respondido cuando le han preguntado si nadie dio "la voz de alarma".
"Yo soy funcionaria, me limito a aplicar la normativa y la Ley de Subvenciones lo prevé", ha señalado Almendro, que ha rechazado que éstas vinieran "marcadas por alguna directriz desde arriba".
Tras esta comparecencia estaba prevista la de Teodoro Montes, testigo protegido, pero el presidente de la comisión, Julio Díaz (C's), ha informado a los periodistas de que se había encontrado mal durante su traslado hacia el Parlamento, lo que ha motivado que a su llegada los servicios de la Cámara avisaran a una ambulancia medicalizada, por lo que se ha acordado posponer la comparecencia.
El testigo protegido, jefe del departamento de Gestión de Formación Profesional Ocupacional en Sevilla, declaró durante 31 horas ante la juez Alaya en octubre de 2014 y denunció numerosas irregularidades en la acción formativa de la Junta.
Montes fue detenido el pasado mes de julio por agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional dentro de la segunda fase de la operación Edu en la provincia de Sevilla, una investigación del juzgado de instrucción 19 de la capital andaluza.
El presidente de la comisión ha agradecido a los servicios del Parlamento las gestiones que han realizado para que la comparecencia de Montes se pudiera llevar a cabo "respetando al dedillo" el auto de la juez Mercedes Alaya en el que, en su condición de testigo protegido, se ordenaba que no se difundiera su imagen, por lo que se había acordado que la retransmisión de la sesión se limitara al sonido.
