El jefe de servicio de Formación para el Empleo de Jaén, José Luis Valentín Martos, ha sostenido que su departamento "ha cumplido estrictamente con la legalidad y ha mantenido el control adecuado" sobre las subvenciones en materia de formación otorgadas por la Junta en esta provincia.

Durante su comparecencia ante la comisión parlamentaria de investigación sobre el presunto fraude en estas ayudas, Valentín Martos, que lleva en el cargo desde 2006, ha señalado que "todo se tramitó en el momento adecuado" y que se realizaron visitas "a todos los cursos dos o tres veces".

Según ha detallado, durante esas visitas para comprobar el seguimiento de los expedientes de subvenciones se realizaron entrevistas a alumnos y profesores y se comprobaron las instalaciones en las que se impartían los cursos "in situ y en tiempo real".

Ha destacado que en Jaén no existe ninguna justificación ni ningún expediente de reintegro pendiente -salvo uno que se encuentra paralizado cautelarmente por el juzgado al tratarse de un expediente de reintegro cuestionado por el beneficiario-, por lo que ha asegurado que "nada puede prescribir".

El jefe de servicio, imputado por la juez Mercedes Alaya, ha explicado que cuenta con un equipo de 25 personas "estable" desde 2006 hasta la actualidad y que en el periodo analizado se realizaron un total de 3.940 cursos, lo que arroja una media de 656 por año y 50 asignados a cada técnico de seguimiento.

Pese a este volumen de trabajo, ha dicho, las labores de control se han mantenido "prácticamente al día".

"Se ha cumplido estrictamente con la legalidad y se ha mantenido el control adecuado, lo cual es importante tanto desde el punto de vista cualitativo como temporal", ha sostenido Valentín Martos, para quien "no es entendible que se diga que hay quince millones pendientes de justificar".

Ha explicado que en julio de 2013 se recibió un escrito del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) en el que se solicitaban los expedientes de entre 2009 y 2012 y se acordó remitirlos en formato original, algo que la Intervención aceptó y que ha agradecido puesto que "fotocopiarlos todos era imposible".

El jefe de servicio de Formación ha añadido que trasladó que había "bastante documentación" pendiente de incluir en las carpetas puesto que llevaban bastante tiempo "sin poder tramitar nada" debido a siete meses y medio de bloqueo informático sin que se produjera ninguna prórroga para aportar los documentos.

Ha indicado que la auditoría al SAE se produjo después del decreto que traspasaba las competencias de Formación con los "cambios" que esto suponía, unas circunstancias "a las que la Intervención General no podía ser ajena" y sin embargo, ha dicho, decidió en ese momento realizar esta "auditoría de cumplimiento", por lo que ha destacado la "inoportunidad" de la decisión.

"Yo no quiero entrar en el trabajo que ha hecho la Intervención y además el interventor es una persona muy rigurosa, pero no sé qué les pidieron a ellos", ha sostenido el jefe de servicio, quien también ha argumentado que "el problema de los funcionarios de Formación es que tienen que explicar todo lo que dicen las normas", algo que ha calificado como "ofensivo".

Preguntado por Podemos acerca de exoneraciones "más o menos dudosas" a partir de 2008, el jefe de servicio ha sostenido que hasta ese momento había "pocas resoluciones" y ha emplazado a los diputados a "cambiar las normas" en esta materia y "ponerlas como en el resto de España".

Respecto al orden con el que la documentación llegó a la Intervención y por qué este no se ha dado en otras provincias, Valentín Martos lo ha atribuido a que se les diera la oportunidad de enviar los expedientes originales y ha explicado que se limitaron a "juntar las tres partes del expediente: análisis y programación, gestión económica y seguimiento".

"Puede que las carpetas estuvieran desordenadas, pero dentro de ellas la documentación estaba ordenada. Nuestros expedientes estaban y han seguido estando ordenados", ha defendido.