El hotel de El Algarrobico se ha convertido en una mole indestructible enquistada en una maraña judicial que acumula 22 resoluciones, que declaran por una parte que la licencia de obra es legal y por otra que se encuentra en terrenos protegidos y que invade la servidumbre pública.

De las 22 resoluciones, 20 son contrarias al hotel, entre ellas tres del Tribunal Supremo y cuatro de la Audiencia Nacional, y sólo dos, concretamente de la sala tercera del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía están a favor de esta construcción situada frente a una playa de Carboneras (Almería), en pleno Parque Natural de Cabo de Gata.

La citada sala tercera dictaminó el pasado 30 de julio que la licencia de obras es legal, y hace unos meses sentenció que los terrenos donde se asienta el hotel son urbanizables; pero esta última no es firme porque ya está recurrida ante el Supremo. Además existe otra sentencia anterior del mismo tribunal pero de distinta sala declarando todo lo contrario, es decir, que no es suelo urbanizable.

BATALLA ECOLOGISTA Así lo han confirmado a Efeverde, Greenpeace y Ecologistas en Acción, organizaciones ambas que se han personado en las causas, y que ahora piden a la Junta de Andalucía que como actual propietaria de los terrenos derribe esta edificación, de 21 plantas y 411 habitaciones.

Pero para complicar más las cosas --según María José Caballero, directora de campaña de Greenpeace--, la sentencia que dice que la Junta es propietaria de los terrenos ha sido recurrida por Azata, la constructora del hotel. En su día y cuando la socialista Cristina Narbona era ministra de Medio Ambiente, Azata pidió unos 200 millones de indemnización para renunciar al emprendimiento, pero no se logró un acuerdo.

Si se tira del hilo de la madeja, 2003 es el año en que se inició el proceso legal contra el complejo hotelero, fecha en la que se autorizó la licencia municipal para su construcción. El permiso de obras se fundamentó en un plan parcial de urbanización del sector, que debió ser revisado para adaptarse a la ley de costas aprobada en julio del mismo año.

Pero según la nueva secretaria socialista de Cambio Climático y Sostenibildad, Pilar Lucio, cuando se concedió la licencia, el Ministerio de Medio Ambiente, cuyo titular era Jaume Matas, "debió haber intervenido" en la tramitación de la licencia y detenido el procedimiento amparándose en la legislación de costas.

El problema que surge ahora con la última sentencia de la sala tercera, es que sólo puede ser recurrida por las administraciones públicas y en estos momentos la Junta de Andalucía estudia si se puede llevar a cabo este recurso para, según Lucio "cerrar de una vez por todas este disparate urbanístico y ambiental".

Durante todo este proceso, el alcalde de Carboneras era el socialista Cristóbal Fernández, quien fue condenado por un delito electoral e indultado por el Gobierno de Zapatero.

CAUSAS ABIERTAS En esta historia interminable todavía quedan causas abiertas porque los recursos son numerosos. Sin ir más lejos, la citada sala tercera todavía tiene que pronunciarse sobre varias demandas, que los ecologistas temen que serán favorables al hotel, pero que se podrán recurrir ante el Supremo. Así las cosas la solución "se puede eternizar", admiten las oenegés consultadas por Efeverde, que piden una unificación de la doctrina judicial. Los únicos que públicamente se han declarado felices son los de la promotora Azata del Sol. El subdirector general, José Rodríguez, declaró que "si es jurídicamente posible, continuarán adelante con el hotel".