El ex director general de Trabajo de la Junta entre 1999 y 2008, Francisco Javier Guerrero, y su abogado de defensor, Fernando de Pablo, se han mostrado este miércoles "satisfechos" de la comparecencia protagonizada por el primero de ellos en la vista oral que celebra la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla, contra los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán y otros 20 ex altos cargos autonómicos como Guerrero, por el procedimiento articulado para las ayudas de los expedientes de regulación de empleo (ERE) presuntamente fraudulentos, según informa Europa Press en una nota.

En declaraciones a la salida de la Audiencia Provincial, Fernando de Pablo ha expresado a los medios de comunicación que él y su patrocinado están "satisfechos" del transcurso de la citada comparecencia, en la que Guerrero ha asegurado que nunca definió como "fondo de reptiles" las partidas presupuestarias disponibles para la financiación de las ayudas sociolaborales de los ERE investigados o las subvenciones a empresas.

"No lo dije", ha insistido a los medios de comunicación Francisco Javier Guerrero, quien ante el tribunal ha defendido que el contenido de la comparecencia policial que protagonizó en diciembre de 2010 fue "tergiversada para pensar que teníamos fondos reservados". Y es que según su abogado defensor, en las primeras comparecencias policiales o judiciales de Guerrero, allá por los albores del caso, "no se recogían exactamente las cosas que él tenía que exponer".

VIERA: "LA INTERVENCIÓN NUNCA ME CITÓ EN EL INFORME SOBRE ILEGALIDAD"

Por su parte, el exconsejero de Empleo, José Antonio Viera, ha asegurado que la Intervención de la Junta de Andalucía nunca se refirió a él "con un informe que indicara que había una situación de ilegalidad" en el sistema con el que el Gobierno autonómico repartía las ayudas sociolaborales investigadas.

Viera es el segundo de los 22 ex altos cargos socialistas que se sientan en el banquillo, acusado de prevaricación y malversación por lo que se enfrenta a ocho años de cárcel, y a diferencia del exdirector general de Trabajo Javier Guerrero sí ha decidido responder las preguntas de la Fiscalía.

Durante su declaración ha señalado que desde el Consejo de Gobierno -que en su etapa de consejero de 2000 a 2004 presidía Manuel Chaves- existía una directriz general para resolver conflictos laborales que se estaban dando en Andalucía por el cierre o reestructuración de empresas y que afectaban a miles de trabajadores.

A raíz de los reparos de la Intervención para dar una ayuda a la empresa Cárnicas Molina, ordenó a su equipo buscar una fórmula "dentro de la legalidad" que permitiera dar ayudas con "agilidad y eficacia" y tras consultarlo con la Dirección General de Asuntos Europeos quedó claro que se podían conceder siempre que no fueran a empresas, para que no colisionaran con fondos europeos, sino a los trabajadores afectados.

Se elaboró un convenio entre la Consejería de Empleo y la agencia pública IFA en 2001, que él firmó como consejero entendiendo que había pasado todos los filtros y "cumplía todos los requisitos legales", por lo que a preguntas del fiscal ha admitido que no revisó si tenía informes de la Intervención y el Gabinete Jurídico.

Desconocía que con ello cambiaba el organismo pagador de las ayudas (al pasar al IFA) y por tanto ya no pasaban el control de la Intervención de la Junta pero ha asegurado que el IFA "tenía una fiscalización continua, no una sino dos".

También ha declarado que no recuerda que su viceconsejero Antonio Fernández le planteara una "situación de alarma" en la tesorería del IFA para afrontar pagos de ayudas comprometidas.

Según Viera, no despachaba con Guerrero cada ayuda que se daba pero sí ha admitido haberle trasladado la petición de los empresarios de la Sierra Norte de Sevilla ante su proyecto de crear un Matadero, y haberle indicado que viera qué se podía hacer "dentro de las posibilidades de la consejería".

También se interesó, ya sin ser consejero, por otras ayudas a la comarca -que concentró un importante montante del fondo- porque le preguntó el alcalde de Cazalla de la Sierra.

Durante el interrogatorio, Viera ha reiterado que cuando él firmaba los convenios de las ayudas ya tenían "el visto bueno de todos los centros directivos" de su consejería.

Preguntado por el fiscal Anticorrupción, Manuel Fernández, si vio expedientes que detallaran quién solicitaba la ayuda, su cuantía o los informes para aprobarla, ha insistido una y otra vez -también sobre ello le ha preguntado su abogada, Candela Estévez- en que no era su competencia revisar todo eso.

Ha negado "rotundamente" que se fraccionaron ayudas para eludir controles: "La Consejería no estaba para eludir controles de la Intervención, es que no puedo aceptar que un consejero de la Junta de Andalucía esté organizándose para saltarse los controles para cometer algún tipo de fraude, es que no me entra en la cabeza y tengo una larga vida política en la gestión", ha dicho molesto.

Cuando el fiscal le ha preguntado, monstrándole documentos, si sabía que con dinero de los ERE se pagó una campaña de publicidad del SAE o unas instalaciones del 112 ha contestado "no lo conozco" o "no lo recuerdo".

"Es difícil que yo tenga un conocimiento exhaustivo de cada una de las partidas y decisiones", ha subrayado, para añadir que carece de "formación jurídica para poner en duda el trabajo" de sus directores generales y "funcionarios" que se encargaban de todos los trámites administrativos.

Igualmente ha eximido al presidente Chaves de ese conocimiento en el caso de la ayuda a Santana que se abordó en el Consejo de Gobierno: "Conocía el problema pero tenía un total desconocimiento de los instrumentos que se estaban vehiculando para llevar a cabo una reordenación en Santana".

El interrogatorio del fiscal ha sido muy exhaustivo, preguntando por detalles concretos de varias ayudas, lo que ha provocado que su abogada protestara porque esas ayudas se investigan en otras piezas, pero el juez ha permitido que se pregunte por éstas siempre que tenga relación con los hechos.

Su abogada le ha preguntado si sabía que el Gobierno central ha dado ayudas con un sistema similar al de la Junta y Viera ha declarado que se ha enterado ahora que repartió "más de 400 millones" en ayudas para "más de 23.000 trabajadores".