El expresidente de la Junta de Andalucía y exconsejero de Hacienda, José Antonio Griñán, imputado en el Caso de los ERE en el Supremo, ha negado hoy en un escrito presentado ante el tribunal que desde el Ejecutivo autonómico se engañara al Parlamento andaluz respecto a la financiación de estas ayudas.
El Parlamento andaluz no fue engañado por el Gobierno de esta comunidad cuando incluyó en diversos presupuestos los mecanismos diseñados para financiar las ayudas al empleo conocidas como ERE, dice el escrito.
Por el contrario, los diputados autonómicos dispusieron del asesoramiento preciso para comprender el destino de todas y cada una de esas partidas, añade la defensa de Griñán.
"La finalidad de la partida presupuestaria estaba claramente establecida desde un principio, y era totalmente conocida y aprobada por el Parlamento de Andalucía en las sucesivas leyes de presupuestos", señala también el citado escrito.
Además, la defensa de Griñán solicita en su escrito al instructor del Caso ERE en el Supremo, Alberto Jorge Barreiro, que pida al juzgado 6 de Sevilla, donde se investiga la pieza central del asunto, que remita diferente documentación, como el testimonio de la Directora Jefe de la Cámara de Cuentas de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Junto a ello pide que recupere también del mismo juzgado "la exacta documentación que el Consejo de Gobierno remitió para la tramitación del proyecto de Ley de Presupuestos de los años 2000 a 2003".
Por su lado, el abogado del que fuera consejero de Presidencia de la Junta, Gaspar Zarrías, también imputado en el caso, ha presentado un escrito solicitando al juez Barreiro las mismas diligencias que el letrado de Griñán.
En su escrito el exconsejero de Presidencia no defiende que la Junta lo hiciera "todo bien" y, al contrario, reconoce que debió "haber extremado sus cautelas", pero también destaca que Zarrías "no cometió delito alguno", ni "fue cómplice de las eventuales desviaciones presupuestarias", ni "participó en el montaje de ningún sistema" financiero fraudulento.
El pasado día 19 de mayo los peritos de la Intervención General del Estado (IGAE) informaron de nuevo en el Tribunal Supremo en contra del sistema de financiación de los ERE.
Los peritos de la IGAE argüían en su informe que "el Parlamento andaluz fue inducido a error" porque los presupuestos en los que se incluyeron las transferencias de financiación que debían pagar los ERE contenían propuestas "fraudulentamente" formuladas. Es a esas afirmaciones a las que ha respondido la defensa de Griñán.
