El Gobierno defendió ayer, en mitad de las críticas de partidos, sindicatos y oenegés, la legalidad de su decisión de devolver a Marruecos los 116 inmigrantes que saltaron la valla de Ceuta el pasado miércoles, un suceso que el Ejecutivo ha tachado de «inaceptable» y que, advirtió, no va a consentir más.
Advertencia que hizo ayer la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, en la que subrayó que la expulsión de este grupo no supone en ningún caso que el Gobierno haya variado «un solo ápice» su política migratoria. Una política cuyos pilares son el respeto de los derechos humanos y de la seguridad de las fronteras y que siempre cumple escrupulosamente con la legalidad nacional e internacional, añadió.
Lo ocurrido el miércoles, que tildó de «inaceptable», es «una situación completamente distinta» a las operaciones de salvamento en el mar, más aún porque los inmigrantes hicieron uso de «herramientas e incluso sustancias» con las que causaron lesiones a siete agentes de la Guardia Civil.
