La Junta de Andalucía se ha mostrado satisfecha ante el anuncio del Gobierno central de estudiar en 2018 la implantación de la jornada de 35 horas semanales en el sector público. El secretario de Estado para las Administraciones Públicas, Roberto Bermúdez de Castro, al término de la comisión de seguimiento de la Conferencia de Presidentes, trasladó la intención de introducir una modificación en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018 que permita implantar la jornada laboral de 35 horas semanales para los empleados públicos.
La consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, ha celebrado el anuncio del Gobierno central porque «permitirá al Ejecutivo adaluz continuar con su hoja de ruta», según declaró en un comunicado.
La responsable de Administración Pública de la Junta señaló que tras este anuncio «no tiene sentido» la suspensión cautelar de las 35 horas en Andalucía tras el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Ejecutivo central contra la Junta, ya que «alteraría la planificación de los servicios públicos», añadió.
Montero explicó que sería «poco lógico» aplicar la suspensión cautelar de la jornada de 35 horas, ya existente en el sector público andaluz, «para aprobarla tres meses más tarde en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado».
Ha asegurado que la Consejería de Hacienda y Administración Pública está «abierta al diálogo» con el Gobierno central, aunque matizó que la única manera de que ese diálogo se produzca es «no solicitar la suspensión cautelar de las 35 horas en Andalucía».
SEIS MIL EMPLEOS / El sindicato CCOO criticó ayer que el recurso del Gobierno de España contra las 35 horas en Andalucía «paralizará» la creación de 6.000 puestos de trabajo en educación, al tiempo que solicita la convocatoria de la Mesa General de la Función Pública para que la recuperación de derechos de los trabajadores andaluces sea posible. En un comunicado, el sindicato recuerda que el Gobierno de España ha recurrido ante el Tribunal Constitucional el decreto ley de la Junta que permite devolver la jornada laboral de 35 horas semanales a los más de 270.000 empleados públicos andaluces, entre ellos casi 100.000 docentes y 13.500 trabajadores de administración y servicios de los centros educativos públicos.
Los sindicatos UGT, CCOO y CSIF en Andalucía acordaron ayer el inicio de una serie de contactos y acciones ante el «malestar· y la «preocupación» existente tras el anuncio del Gobierno nacional de recurrir la normativa andaluza sobre la implantación de la jornada laboral de 35 horas semanales que se introdujo iniciado el año 2017.
