La fiscalía ha lamentado el «cambio de las reglas» por parte de la Audiencia Provincial de Sevilla en el caso de los ERE cuando ya se ha fijado el juicio por la pieza política, que empezará el 13 de diciembre contra 22 ex altos cargos acusados, entre ellos los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

Según la fiscalía, ese cambio se ha producido con la decisión de la Audiencia, conocida este mes, de que uno de los acusados en ese juicio, el exconsejero de Trabajo Antonio Fernández, sea juzgado solo en la pieza política de los ERE y no en decenas de ocasiones, una por cada ayuda que aprobó para empresas en crisis.

Fuentes de la Fiscalía han explicado que esa decisión podría ser extensible a los ex altos cargos de la Consejería de Trabajo acusados pero no al resto, entre ellos Chaves y Griñán, los exconsejeros Gaspar Zarrías, Magdalena Álvarez o Carmen Martínez Aguayo o un ex interventor general de la Junta de Andalucía. La limitación de los juicios al exconsejero Fernández también podría suponer que todas las ayudas concedidas de forma presuntamente delictiva se analicen en el juicio de la pieza política, que de esta forma se prolongaría varios meses más, según las fuentes de la fiscalía.

Otro de los efectos de la decisión adoptada con Fernández es el posible archivo de decenas de piezas en las que hay acusados altos cargos que concedieron las ayudas públicas y también perceptores del dinero que lo gastaron en el fin previsto, algunos de los cuales han sido calificados como «víctimas» por la jueza María Núñez Bolaños.

Sin embargo, desde la fiscalía rechazan esta posibilidad y anuncian que recurrirán cada una de las piezas que archive la juez porque consideran que no debe quedar impune la concesión de ninguna ayuda irregular.