La Fiscalía Anticorrupción pidió ayer una fianza de responsabilidad civil de 296.000 euros para Francisco Fernández Sevilla, ex secretario general de la UGT en Andalucía imputado por el ERE de Altadis, con responsabilidad subsidiaria de su sindicato. Fernández Sevilla se acogió a su derecho a no declarar por vulneración de sus derechos constitucionales, ya que a su juicio no se ha aportado a la causa toda la documentación contra él ni se le han clarificado los hechos que se le imputan.

Como secretario general de la Federación Agroalimentaria de UGT en Andalucía, Fernández Sevilla se limitó a firmar un acuerdo de bases sobre el ERE de Altadis, explicó el interesado a los periodistas. Por ello, según Fernández Sevilla, dijo a la jueza Alaya que le gustaría acogerse a su "derecho a declarar", pero no puede hacerlo porque no se le garantizan la totalidad de sus derechos como imputado.

Su abogado, Miguel García Diéguez, se lamentó de haber conocido el auto que imputa a su cliente minutos antes de entrar al despacho de Alaya, y a continuación mantuvo un enfrentamiento dialéctico con la jueza sobre los hechos de los que deseaba dejar constancia en el acta de la comparecencia. Alaya, en cambio, le ha indicado que presente por escrito las manifestaciones que desee hacer.

Para el segundo sindicalista citado ayer, Antonio Perianes, miembro de CCOO y también firmante del acuerdo de Altadis, la Fiscalía ha solicitado la misma fianza de responsabilidad civil. En un escrito entregado a Alaya, Perianes mantiene que hay numerosa documentación que aún no se ha incorporado a la causa y que es "de importancia a la hora de fundamentar cualquier responsabilidad", como el atestado de la Guardia Civil sobre Altadis, parte de los informes de la Dirección General de Seguros y otras diligencias ya acordadas. También se negó a declarar.

Por otro lado, Manos Limpias ha solicitado al juzgado que se deniegue la personación de la Junta como acusación particular en el caso de las facturas falsas de la UGT-A por los cursos de formación porque considera que no puede ser "juez y parte" al estar denunciada como "cooperadora necesaria".