La Fiscalía de Huelva ha pedido dos años de prisión y una multa que asciende a los 7.300 euros a un empresario por llevar a cabo la construcción de naves, oficinas y plataformas de hormigón en suelo rústico, y además de especial protección, en el término municipal de Moguer (Huelva). La Fiscalía, según el escrito de acusación, considera a esta persona autor de un delito de construcción ilegal en suelo no urbanizable y le pide también la inhabilitación especial para el ejercicio de la promoción o construcción de cualquier obra en dos años.
PROCEDE «DEMOLER» / Como responsabilidad civil, entiende que procede acordar la demolición de las construcciones reseñadas en la conclusión primera a cargo del acusado y previa elaboración de un proyecto técnico que, con la aprobación del Ayuntamiento, garantice la restauración total del suelo afectado. En su defecto, el acusado indemnizará al Ayuntamiento en la cantidad en que se tase el coste de demolición y restauración del terreno, que deberán ser empleados en la ejecución de dicha demolición y se acordará el comiso de la ganancia obtenida con la construcción.
El fiscal relata que el acusado, a sabiendas de que carecía de permiso y de que se trataba de suelo de especial protección, construyó entre 2011 y 2013 naves y la plataforma de hormigón, tratándose de unas construcciones que forman parte de las instalaciones de una empresa dedicada a la chatarra, gestionada por él.
Este suelo fue decretado de especial protección por el Ayuntamiento de Moguer para evitar la formación de núcleo de población y por la protección paisajística. El acusado no solicitó en ninguno de los casos autorización-licencia municipal para su construcción, ni contó tampoco con licencia de apertura y actividad en las instalaciones.
Las obras fueron denunciadas por la Guardia Civil ante el juzgado en marzo de 2016 y con anterioridad ante el Ayuntamiento en octubre de 2015 y éste, por ser las obras ilegales e ilegalizables, las paralizó y abrió expediente de restauración de la legalidad urbanística.
