El presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), Fernando Rodríguez Villalobos, ha instado a «adaptar los antes posible la Ley de Haciendas Locales a la nueva situación» creada por la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre el impuesto municipal de plusvalías.

Ante la sentencia del TC, que declaraba inconstitucionales los preceptos que regulan el impuesto en una ley foral de Guipúzcoa, Rodríguez Villalobos afirmó que esa normativa de dicha provincia es idéntica a la que desarrolla normativamente ese impuesto en la Ley de Haciendas Locales estatal del 2004 y «será cuestión solo de días o semanas que el TC declare también nula la aplicación de ese gravamen en todo el territorio nacional cuando no exista incremento de patrimonio en la venta del inmueble».

«Lo que interesa es que, a la vista del contenido de la sentencia, el legislador estatal modifique a la mayor brevedad posible los artículos que regulan el impuesto en la ley de Haciendas Locales, casándolos con los argumentos de la sentencia, para salir cuanto antes de esta situación de inseguridad jurídica en la que nos encontramos sumidos», señaló.

Según Rodríguez Villalobos, hay tres colectivos de afectados que pasan «por momentos de incertidumbre», como los contribuyentes, que no saben si tienen o no que pagar el impuesto; los órganos gestores del tributo, que desconocen las consecuencias que tendrá seguir aplicando unos artículos de la ley que serán declarados en breve inconstitucionales y también los ayuntamientos, que no saben la repercusión que dicha sentencia tendrá sobre sus previsiones de ingresos por plusvalías.

Sobre este último colectivo, los 8.111 ayuntamientos de España -778 en Andalucía-, el presidente de la FAMP subrayó que «este impuesto resulta fundamental a la hora de hacer los presupuestos cada año y que, ahora, desconocemos cuál será el porcentaje de minoración de sus recursos que supondrá su modificación». Defendió «abordar con valentía» este asunto, «desde una doble óptica» ya que, según indicó, el gobierno debe tomar la iniciativa, adelantarse a los acontecimientos y proponer la reforma de aquellos artículos de la Ley de Haciendas Locales que se verán afectados, para «salir de esta situación de inseguridad jurídica».