La jefa de servicio de Formación para el Empleo en la provincia de Sevilla entre diciembre de 2006 y marzo de 2010, Carmen Gómez Laguillo, ha explicado este lunes que alertó a sus superiores de que una hija de Teodoro Montes, --el testigo protegido de la juez Mercedes Alaya y entonces jefe del departamento de Gestión Formación Profesional Ocupacional en Sevilla--, se encontraba incluida "irregularmente" como alumna en un curso de formación en el año 2008, al no cumplir los requisitos de titulación exigidos.

Así lo ha relatado Gómez Laguillo durante su declaración ante la comisión de investigación sobre las presuntas irregularidades en los cursos de formación, a preguntas de la representante del PSOE-A, María Luisa Bustinduy, quien ha apuntado que su formación consideraba "llamativa" esta circunstancia, que han podido conocer a través de la documentación que se ha remitido a la comisión.

La ex jefa de servicio ha señalado que esa cuestión le fue puesta de manifiesto por un técnico de seguimiento de los cursos "para sorpresa mía y de cualquiera que se precie". "Me llegaron unos datos incontestables y automáticamente se los trasladé al señor Teodoro Montes, de quien no obtuve ningún tipo de respuesta, lo que es motivo más que suficiente para abrir una labor investigadora", ha señalado.

Como se recordará, estaba previsto que Teodoro Montes compareciera esta tarde en la comisión de investigación, en el turno anterior de Gómez Laguillo. Si bien, su declaración ha tenido que ser suspendida

ante la indisposición del compareciente, que ha tenido que ser recogido en ambulancia a su llegada al Parlamento andaluz.

Gómez Laguillo ha explicado que se hicieron una serie de actuaciones para averiguar con la propia entidad responsable del curso, que actuó de manera "correcta" y que, posteriormente, trasladó lo ocurrido a sus superiores para que se actuase de la manera correspondiente y valorasen si había habido una actuación "punible o merecedora de algún tipo de sanción administrativa".

También ha apuntado que esta circunstancia coincidió con un periodo en el que Teodoro Montes se ausentó del servicio por un permiso no retribuido, con lo cual la responsabilidad quedó "entre el técnico, la entidad y la propia alumna". No obstante, la hija de Teodoro Montes fue expulsada del curso, la entidad no liquidó por esta alumna y se determinó que cuando Montes se reincorporase se iniciarían "las actuaciones merecedoras de tal comportamiento, dado que todos los indicios aparentaban dirigirse hacia él".

De otro lado, y durante su comparecencia en la comisión la ex jefa de servicio de Formación ha dicho que le "extrañaría" que hubieran prescrito expedientes de ayudas, aunque haya habido algún interventor provincial de la Junta, concretamente el de Córdoba, que así lo haya asegurado durante su declaración en la presente comisión de investigación.

NO TIENE CONSTANCIAS DE CURSOS DE UGT EN SEDES DEL PSOE

A preguntas de la diputada del PP-A Teresa Ruiz-Sillero ha dicho que no está afiliada al PSOE y que no tiene constancia que se hayan celebrado cursos de formación por parte de la UGT en sedes del PSOE. Sobre las subvenciones al "entramado" del exconsejero de Hacienda Ángel Ojeda, ha dicho que nunca fue conocedora del supuesto entramado. "Ni lo he conocido, ni sé cuántas empresas son, ni qué relación tenía con las mismas", ha apuntado.

Ha negado que se haya producido una relajación en los controles aunque sí ha reconocido que había importantes demoras en el proceso de justificación de las ayudas. Y es que, según ha detallado, una liquidación es "exhaustiva y lenta", y además las entidades no favorecían que fuera "fácil" porque "cada cual presentaba las justificaciones como quería o podía".

Si bien, ha querido dejar claro durante su intervención, a preguntas de las diputadas de Ciudadanos e IULV-CA, Marta Bosquet y Elena Cortés, respectivamente, que en el periodo en el que ella estuvo al frente de este servicio los expedientes no estaban desordenados ni incompletos. Este periodo no fue el mismo que analizó la interventora de Sevilla, quien denunció esta cuestión en un informe especial que realizó.

"Entiendo que tendría sus motivos para decir eso pero no es la percepción que yo tengo de mi etapa", ha señalado Gómez Laguillo, quien también ha apuntado que el personal con el que contaba resultaba escaso por la carga de trabajo. El departamento de liquidaciones contaba con "siete u ocho personas" y cada técnico llevaba unos 60 cursos, ha indicado.

El diputado de Podemos Juan Ignacio Moreno Yagüe se ha interesado en su intervención por si dentro del servicio que dirigía Gómez Laguillo se incorporó personal de la Fundación Andaluza de Fondo de Formación y Empleo (Faffe). Sobre este asunto, ha contestado que había unas cinco personas contratadas a través de esta fundación, pero que realizaban tareas administrativas "de apoyo", contestaban al teléfono y ordenaban expedientes, "pero jamás trataron con subvenciones ni liquidaron".