Organizaciones agrarias y de cooperativas han pedido a la Unión Europea y al Gobierno español que «pasen a la acción» para llevar a EEUU ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) tras la decisión de la Administración Trump de imponer aranceles preventivos a la aceituna negra española. El Gobierno norteamericano ha impuesto un arancel -de entre el 2,31% y el 7,24%, de carácter preliminar- al concluir que se importa por debajo de su precio de mercado porque recibe subvenciones.
La medida es el resultado de la investigación que abrió en julio el Departamento de Comercio a instancias de los productores de aceituna californianos agrupados en la Coalición para el Comercio Justo de Aceitunas Maduras. El presidente del consejo sectorial de aceituna de mesa de Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía y de España, Gabriel Redondo, afirmó ayer que los aranceles impuestos de manera cautelar «no nos sacan del mercado» porque el producto nacional seguirá siendo competitivo en EEUU pero, en el lado negativo, este país «cuestiona» la Política Agraria Común (PAC) en su conjunto. Para las cooperativas, el Gobierno de Trump quiere favorecer un «oligopolio» de empresas de California aunque los compradores americanos «están en contra» porque se perjudica al consumidor.
El arancel preliminar impuesto de forma cautelar -calculado a partir de las subvenciones que presuntamente han recibido- es del 2,31% para Aceitunas Guadalquivir; del 2,47% para Agro Sevilla; del 7,24% para Ángel Camacho; y del 4,47% para el resto.
RESPUESTA DE ANDALUCÍA
Los representantes del sector de la aceituna negra española afectados recopilarán documentación de hasta 30 años de antigüedad para presentar un recurso legal que paralice los aranceles antes de su entrada en vigor de forma definitiva. Así lo explicó ayer el secretario general de la Asociación Española de Exportadores e Industriales de Aceituna de Mesa (Asemesa), Antonio de Mora, después de una reunión de urgencia entre los afectados y el consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Rodrigo Sánchez Haro.
En la reunión, en la que estuvieron también el presidente de Asemesa, Carlos Camacho; José Ignacio Montaño, director general de Agro Sevilla; y Francisco Escalante, director general de Aceitunas Guadalquivir, se puso de manifiesto que los afectados ya cuentan con representación legal tanto en la UE como en EEUU, lo que les puede suponer un gasto de 5 millones de euros. La clave es «contrarrestar una medida que, eso sí, tiene carácter preliminar» y que el sector quiere parar antes de que entre en vigor de forma definitiva en la primavera de 2018.
Carlos Camacho, al igual que el consejero, señaló que la clave es demostrar que las ayudas que han recibido, que le colocan en primera línea a la hora de exportar, «son totalmente legales», y entre otras acciones se va a plantear que la Unión Europea presente un recurso ante la Organización Mundial del Comercio, como órgano encargado, precisamente, de darle el visto bueno a las ayudas que, finalmente, se aplican. «Desde junio no hemos parado, y lo que nos queda, porque todo el proceso llevará alrededor de un año», señaló, para indicar que todo el sector está unido en torno a las gestiones que realicen las administraciones en este sentido.
La presidenta Susana Díaz se reunirá el próximo martes en Sevilla con representantes del sector de la aceituna de mesa para analizar la repercusión de los aranceles. También lo hará con el sector la ministra García Tejerina.
VIAJE A BRUSELAS
Susana Díaz, de viaje oficial a Bruselas, valoró ayer la «sensibilidad» del comisario europeo de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, ante las posibles repercusiones del brexit en Andalucía, la única región de la Europa continental que tendrá frontera terrestre con Gran Bretaña. «Andalucía se juega mucho en el brexit que finalmente se decida en la negociación y tenemos que estar vigilantes ante el impacto que pueda tener en Andalucía», dijo en declaraciones tras la reunión que mantuvo en Bruselas con Moscovici. No obstante, resaltó que para ella es una «garantía» el «gran conocimiento» que el comisario Moscovici, que el pasado verano visitó Andalucía, tiene de la realidad de esta comunidad.
Por su parte, el líder del PP andaluz, Juanma Moreno, también en Bruselas, urgió a la presidenta de la Junta a que «pelee» por obtener Fondos de Solidaridad europeos «para poder reaccionar ante la situación de sequía que puede ser catastrófica para la economía y el campo andaluces», afirmó. Para solicitar los fondos tendrían que estimarse pérdidas por encima del 1,5 % del PIB andaluz, unos 2.200 millones de euros.
