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LA POLITICA ANTITERRORISTA DE WASHINGTON

El espionaje a ciudadanos de EEUU fue mayor de lo que Bush reconoce

La Agencia de Seguridad Nacional pinchó gran cantidad de llamadas telefónicas sin autorización.

MERCEDES HERVASMERCEDES HERVAS
26/12/2005

 

La preocupación del Congreso de EEUU y de los defensores de los derechos civiles por el espionaje sin permiso judicial, ordenado tras el 11-S por el presidente, George Bush, sigue creciendo. Esta vigilancia sobre llamadas telefónicas y comunicaciones por internet, generadas o destinadas a EEUU, efectuada por la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) sin autorización judicial, fue mucho mayor de lo que el presidente ha reconocido, según revela el diario The New York Times .

Cuando defendió esta vigilancia, destapada la semana pasada por el rotativo neoyorquino, Bush había asegurado que el espionaje se limitó a correos electrónicos o llamadas internacionales de personas vinculadas con Al Qaeda. "Lo que no se ha reconocido públicamente es que los técnicos de la NSA, además de pinchar conversaciones específicas, peinaron grandes volúmenes de llamadas telefónicas en busca de pautas que pudieran delatar a presuntos terroristas", afirmó el diario.

COOPERACION ESPONTANEA Las principales empresas de telecomunicaciones cooperaron con la Casa Blanca a pesar de que ésta no presentó un mandamiento judicial, y dejaron que la NSA tuviera acceso secreto a los "interruptores" por los que se canalizan enormes volúmenes de llamadas nacionales e internacionales. Los técnicos de la Agencia de Seguridad Nacional trataban de averiguar quién llamaba a quién, a qué hora y durante cuánto tiempo, así como el origen y destino de las comunicaciones. De particular interés para la NSA eran las llamadas desde o hacia Afganistán, asegura el diario, citando fuentes oficiales.

Secundado por el vicepresidente Cheney y el fiscal general, Alberto González, Bush se escudó de las críticas generadas por este espionaje sobre los ciudadanos norteamericanos asegurando que la Constitución y la resolución aprobada por el Congreso tras el 11-S, que autorizó el uso de la fuerza contra Al Qaeda, le conferían la autoridad necesaria para ordenar este vigilancia al margen de los tribunales.

Sin embargo, destacados miembros de la oposición demócrata y de su propio partido, el republicano, han pedido una investigación sobre la legalidad de estas escuchas, no permitidas por el Tribunal de Vigilancia de Espionaje Extranjero (FIMA, en sus siglas inglesas), encargado de autorizarlas.

El lunes, uno de los 11 miembros del FIMA, el juez James Robertson, dimitió en protesta por este espionaje, rechazado también por Tom Daschle, ex jefe de la mayoría demócrata en el Senado, quien sostuvo que el legislativo no discutió tras el 11-S autorizar a la Casa Blanca para espiar sin permiso judicial.

En un artículo publicado por The Washington Post , Daschle recalcó que, pese al pánico generado por los sangrientos atentados, el legislativo negó explícitamente a Bush el permiso que deseaba para ampliar sus poderes de guerra al territorio nacional. "Se hubiera dado al presidente una amplia autoridad para ejercer poderes mayores no sólo en el extranjero, sino aquí mismo, en EEUU, potencialmente contra los propios ciudadanos", explicó este político liberal.

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