El Ministerio de Empleo ha acordado por unanimidad con todas las comunidades autónomas la prórroga del Plan Prepara hasta el 30 de abril de 2018, con carácter retroactivo desde el pasado 15 de agosto, cuando expiró la anterior prórroga.
La prórroga ha sido anunciada por la ministra de Empleo y de la Seguridad Social, Fátima Báñez, en la reunión de directores provinciales del Instituto Nacional y de la Tesorería de la Seguridad Social en Pozuelo de Alarcón (Madrid), si bien el acuerdo se ha alcanzado en la LXVI conferencia sectorial extraordinaria de Empleo y Asuntos Laborales entre el Gobierno y las CCAA, presidida por el secretario de Estado de Empleo, Juan Pablo Riesgo.
"Vamos a dar un paso más en esa protección social renovando por acuerdo con todas las CCAA el Plan Prepara, para que no haya ningún desempleado que se quede sin ninguna cobertura social hasta que consigamos que la recuperación llegue a todos en forma de nuevos empleos", ha anunciado la ministra.
Todas las comunidades han acordado con Empleo la cesión de competencias para poder prorrogar el Plan Prepara, respetando no obstante la sentencia del Tribunal Constitucional, que cuestionaba la distribución de competencias, ya que el plan estaba gestionado por el Servicio Público de Empleo (SEPE) en lugar de por las comunidades autónomas.
Andalucía ha expresado su posición favorable a la reactivación del plan. El secretario general de Empleo de la Junta, Julio Coca, ha valorado que la prioridad "debe estar en dar respuesta a las potenciales beneficiarios que, desde agosto, se encuentran sin esa cobertura, de ahí la postura favorable del Gobierno andaluz a pesar de las dudas que mantiene Andalucía sobre la solución jurídica de esta encomienda".
En este sentido, Coca ha manifestado que el Gobierno "debe acordar un nuevo sistema de activación y protección por desempleo en el que estén presentes las comunidades autónomas, además de los agentes económicos y sociales, así como una adecuada y suficiente dotación de recursos económicos y materiales, que hacen necesaria una revisión de los acuerdos de transferencia" y el establecimiento de la compatibilidad con otras ayudas de carácter social y redistributivo, que garantice unas condiciones dignas a la población.
