La que fuera interventora general de la Junta entre 2010 y 2012, Rocío Marcos, declaró ayer que el sistema por el que las ayudas de los ERE que concedía la Consejería de Empleo se pagaban a través de la agencia pública IDEA tuvo como efecto un «ángulo muerto» en el control del gasto de las mismas. Marcos testificó en el juicio de la pieza política del caso ERE contra 22 ex altos cargos de la Junta. La testigo explicó a preguntas del fiscal que durante años, y pese a las sucesivas advertencias de la Intervención, en la Junta se «utilizaban indebidamente» las transferencias de financiación como instrumento para enviar fondos a entidades instrumentales cuyo destino no eran actividades propias de estos entes sino financiar actividades de las propias consejerías. Para ello, el instrumento correcto hubiera sido un encargo de ejecución o encomienda de gestión (así se hizo a partir del 2010).

En el caso de los ERE, la Consejería de Empleo enviaba transferencias de financiación a IDEA para pagar unas ayudas que concedía la Dirección General de Trabajo y la Intervención alertó en varios informes año a año de que era «inadecuado» usar transferencias de financiación, cuyo uso previsto por la ley es sufragar gastos propios de las entidades públicas, explicó.