El PP reclamó ayer la dimisión del presidente andaluz, José Antonio Griñán, porque permitió un procedimiento "totalmente viciado" para otorgar las ayudas irregulares de los ERE, ante lo que la Junta respondió que tengan "cuidado" con las afirmaciones que afectan a la honorabilidad.

Durante el debate en el Parlamento sobre las responsabilidades políticas por los ERE fraudulentos, el portavoz popular, Rafael Carmona, aseguró que la actitud de Griñán "ha facilitado la comisión de delitos", mientras que el consejero de Economía y Empleo, Antonio Avila, contestó que "no es admisible ni moral ni éticamente" que el PP solo defienda la presunción de inocencia en su partido, en referencia a la trama Gürtel.

Avila denunció que el PP utilice "sin ningún tipo de pudor el sujeto de Griñán o Chaves y a partir de ahí pongan el predicado que les da la gana" para acusarlos y añadió que "hay que tener un poco de cuidado con esas afirmaciones sobre la honorabilidad de las personas".

INTERESES PARTIDISTAS "Vienen aquí y hacen el 'ábrete boca y di lo que quieras' con una tranquilidad que causa a veces un poco de pavor", añadió el consejero, quien lamentó que el PP se "atreva" a pedir las dimisiones en el Parlamento andaluz cuando en las Cortes valencianas hay 11 diputados de su formación imputados. Criticó que se hable de un fraude generalizado cuando es un pequeño porcentaje de casos en los que se ha producido "un mal uso de estas ayudas", calificación que cree que entorpece la resolución del caso por beneficiar a intereses partidistas.

Por ello, pidió que se deje esa "descalificación generalizada" que se ha extendido a los sindicatos, "presentándolos como meros agentes mercantiles". Añadió que el hecho de partir "de personas vinculadas" para descalificar de manera global a los sindicatos "no es casual", ya que forma parte de una estrategia de "deterioro" de los derechos de los trabajadores.

Afirmó que la corrupción "se combate y se persigue, no se usa de forma partidista", ya que es momento de dejar "que la justicia haga su labor", algo que el consejero aseguró que la Junta está haciendo aportando toda la documentación requerida. Señaló que la Junta ha remitido al juzgado toda la documentación disponible y sigue haciéndolo con la que se precisa, incluido lo relacionado con el IFA e IDEA, por lo que la colaboración de la Administración autonómica es "constante".

"El Gobierno andaluz es el primer interesado en el total y completo esclarecimiento del caso", añadió Avila, quien pidió desligar "las conductas poco edificantes" de algunos altos cargos del resto de expedientes que han beneficiado a trabajadores.

Por su parte, Rafael Carmona insistió en pedir dimisiones en el Ejecutivo andaluz como responsabilidad política por el fraude, y se preguntó "qué tiene que suceder" para que se produzcan. Señaló que a Griñán "le dio exactamente igual lo que pasara, porque estaba en la creencia de la impunidad", actitud que ha facilitado "la comisión de delitos", razón por la que el jefe del Ejecutivo andaluz "debe dimitir".

TRAMA ORGANIZADA Recordó que la consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, "apuntaba" al exconsejero Viera, pero que Griñán "salió al quite y dijo que hablaba a título personal", a lo que añadió esta pregunta: "¿Por qué no empiezan a dimitir y por qué nadie aclara la paternidad del proceso opaco?".

Acusó al PSOE de montar una trama organizada desde el poder para "defraudar política y económicamente", lo que arroparon "con gente de buena fe", porque su objetivo era "tramitar cuantas más ayudas mejor, porque así todos ganaban". Entre ellos citó a los sindicatos, que se ponían "la medalla" de resolver el conflicto, "además de los importantes beneficios económicos que ahora estamos conociendo".

"La estrategia que diseñaron Chaves y Griñán fue un éxito político", añadió Carmona, quien destacó el "concurso de los sindicatos", y que el PSOE consiguiera de esa forma la paz social. Aseguró que esas ayudas supusieron el "éxito electoral y el lucrativo de los señores del Sur", y añadió que "no ha habido unos cuantos pillos" sino un "fraude descomunal".