21:02 h. TRIBUNALES

El exinterventor de la Junta asegura que todo el Gobierno andaluz tuvo que conocer los ERE

Señala que es "absolutamente impensable" que Griñán no conociese las irregularidades porque eran "llamativas".

EFE 25/07/2013

El ex interventor general de la Junta de Andalucía Manuel Gómez Martínez ha dicho hoy que todo el Consejo de Gobierno andaluz tuvo que conocer las irregularidades que su departamento recogía en sus sucesivos informes sobre el sistema de pago de los ERE falsos.

Abogados personados en la causa han dicho a los periodistas en un receso de la declaración que el exinterventor ha afirmado que es "absolutamente impensable" que el actual presidente de la Junta, José Antonio Griñán, consejero de Hacienda entre el 2004 y el 2009, no conociese las irregularidades porque eran "llamativas".

Se trataba de una "patología presupuestaria singular" centrada en una sola Dirección General de la Consejería de Empleo, que el consejero de Hacienda tenía que conocer aunque no estuviera informado de los "detalles", ha precisado.

Según los letrados, también la juez Mercedes Alaya ha dado por sentado que el actual presidente conocía los informes en los que le advertían de las irregularidades en el pago de las ayudas, en un interrogatorio en el que ha comenzado preguntando por el consejero de Hacienda y finalmente ha nombrado a José Antonio Griñán con su nombre y apellido.

Gómez Martínez ha declarado que no despachó este asunto con Griñán pero sí con la entonces viceconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo, ahora titular del departamento, con la que "mantuvo dos o tres reuniones" para explicarle el desfase presupuestario.

Los reparos de la Intervención "debían ser conocidos por todo el Consejo de Gobierno", ha dicho Gómez Martínez, quien ha citado varios hechos significativos como que en abril del 2003 el Gobierno de la Junta ordenó analizar los expedientes de las transferencias de financiación y en el año 2005 la Intervención informó de un desfase de 93 millones de euros que suponía un desequilibrio de todo el Presupuesto de la Junta.

Cuando en 2010 las llamadas transferencias de financiación para pagar las ayudas se sustituyeron por la encomienda de gestión el sistema no mejoró porque seguía sin tener fiscalización previa, ha añadido el imputado.

En otro momento de su declaración, ha precisado que en 2009 "informó de que el 45 por ciento de las transferencias de financiación tenían un uso indebido".

La juez le ha preguntado por qué la Intervención no hizo los llamados informes de actuación, que habrían paralizado los pagos, a lo que Gómez Martínez ha respondido que la ley no le obligaba a ello al no suponer un "menoscabo de fondos públicos" y además "habrían acabado en un cajón", igual que sus anteriores advertencias.

Gómez Martínez, según los citados abogados, ha comenzado ratificando lo que manifestó a la Guardia Civil y su carta titulada "Divinas palabras" que dirigió al presidente del parlamento andaluz en 2012, tras comparecer en la comisión de investigación, y donde culpó a los responsables políticos de "cebar la corrupta partida de los ERE" pese a que podrían "haber terminado con el nido de corrupción en 24 horas si hubieran tenido voluntad".

No obstante, según los citados abogados, su declaración está siendo moderada en sus términos y toda la jornada de la mañana se ha centrado en discusiones de Derecho Administrativo con Alaya.

También ha asegurado que no recibió presiones políticas para no alertar sobre las irregularidades en el proceso de las ayudas.

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