Hace más de dos meses que 35.000 profesores andaluces esperan, ansiosos, a que la Consejería de Educación anuncie la convocatoria anual de concurso de traslados, un procedimiento en el que los funcionarios sin destino definitivo tienen que solicitar obligatoriamente una plaza vacante (también concursan profesores con puesto fijo que quieren cambiar de colegio). El concurso de traslados se ha retrasado dos meses porque el pasado verano el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Europea dictó una sentencia que convulsionó a la administración pública: el dictamen obligaba a equiparar los derechos adquiridos de los interinos con el de los funcionarios. El fallo surgía a raíz de un recurso interpuesto por un funcionario de la Administración General de la Junta que solicitaba se le reconociera el tiempo de servicios como interino en un proceso de promoción interna. La Consejería de Educación no supo entonces si ese dictamen era aplicable a la administración educativa o si, por el contrario, afectaba exclusivamente a empleados de la Administración General.
NO HABRA CAMBIOS En realidad todas las administraciones del país, desde la estatal a las autonómicas, quedaron temporalmente paralizadas por esa sentencia, que provocó una enorme incertidumbre jurídica. Educación decidió no pillarse los dedos y, antes de convocar el concurso de traslados, elevó una consulta al ministerio del ramo, entonces dirigido por Angel Gabilondo, que a su vez lo dejó en manos de la Abogacía del Estado. La respuesta se retrasó más de lo esperado, pero finalmente llegó hace dos semanas, en plena Navidad: el gabinete jurídico del Gobierno concluye que el tiempo de trabajo de un interino no computa igual que el de un funcionario docente. La consejería, por tanto, hará pública la convocatoria del concurso de traslados la semana que viene, en los mismos términos en los que se aplicó el año pasado, es decir, desechando la antigüedad de los interinos para la elección de plaza.
Fuentes de la consejería admiten que, además del informe, en su decisión ha pesado el hecho de que otras comunidades autónomas ya hubieran optado por mantener el modelo vigente (Cataluña, Aragón, Baleares, Galicia, Navarra, Ceuta y Melilla). "Preferíamos que el baremo del concurso de traslados siguiera siendo homologable al de otras regiones", explican desde Educación. Cada año hay una convocatoria, primero estatal (se pueden elegir destinos fuera de la comunidad) y luego autonómica.
COLECTIVOS ENFRENTADOS La decisión de la Junta iba a ser polémica de cualquier forma, porque suponía beneficiar a un colectivo en detrimento de otro. Imaginen dos maestros, cada uno con 20 años de profesión. El primero trabajó un año de interino y 19 como funcionario de carrera. El segundo trabajó 19 años como interino, y accedió a una plaza fija el último curso. Para el tribunal europeo, ambos trabajadores deben tener exactamente los mismos derechos. Para la Junta, el funcionario tiene prioridad, computa 19 años de experiencia, mientras que el interino solo puede acreditar uno, aunque haya impartido clases el mismo tiempo que su compañero. De haberse aceptado el esquema europeo, el reparto de plazas en el sistema escolar andaluz habría sufrido un vuelco inédito. En los últimos cinco años, gracias a un sistema de oposiciones que priorizaba la experiencia, muchos interinos han logrado plaza fija. Algunos entraron después de 15 o 20 años sin destino definitivo, y el fallo europeo les habría dado preferencia para elegir plaza. Todos los funcionarios que empezaran a dar clases después que ellos se habrían visto relegados, aunque hubieran aprobado las oposiciones a la primera.
COLECTIVOS AGRAVIADOS La decisión final de la consejería era susceptible de enfrentarse a una lluvia de recursos en los tribunales, o desde un frente o desde el otro. Por esa razón, ninguno de los cinco sindicatos de la enseñanza de la mesa sectorial quiso posicionarse antes de conocer el informe del ministerio. "Un colectivo u otro se va a sentir agraviado y lo van a recurrir, aunque en otras comunidades donde se ha optado por la misma solución no ha habido recursos masivos", explicó Francisco Hidalgo (CSIF). "Hay una división total entre nuestros afiliados, así que hemos preferido ser neutrales", aseguró el secretario general de FETE-UGT, Juan Carlos Hidalgo. "Debe haber un sustento jurídico sólido, para no encontrarnos que en tres años los recursos desestabilizan la plantilla", dice José Blanco (CCOO).
En el concurso de traslados participan cada año entre 30.000 y 35.000 docentes, un tercio de la plantilla. Es un procedimiento que busca estabilizar al profesorado, sustituyendo puestos provisionales por definitivos, pero también tiene un segundo objetivo: conciliar la vida familiar y laboral. Los profesores usan permisos de traslados para intentar acercarse lo más posible a su ciudad de origen. Los docentes más jóvenes intentan lograr una plaza lo más cerca de una capital de provincia, donde la rotación de personal es menor. Los sindicatos calculan que se tarda entre 10 y 15 años de media en obtener el destino definitivo que uno busca.
