El presidente del Parlamento de Andalucía, Juan Pablo Durán, ha destacado este lunes las propuestas e ideas del Laboratorio Jurídico sobre Desahucios de la Universidad de Córdoba (UCO) sobre una nueva forma de entender la vivienda y el derecho al acceso a la vivienda tras la crisis, que se centran en tenencias colectivas o conjuntas, a partir de Derecho Comparado.
A este respecto y en declaraciones a los periodistas, Durán ha reivindicado "un consenso intergeneracional en materia de derechos y obligaciones para ofrecer soluciones a los ciudadanos", como las que plantea el Laboratorio sobre Desahucios, que también aborda la posibilidad de configurar la habitación como bien jurídico y nuevas fórmulas legales para regular el habitar parcialmente la vivienda, entre otras.
Para Durán, esta iniciativa del Laboratorio sobre Desahucios evidencia la línea emprendida en el Parlamento de Andalucía de colaboración con las universidades andaluzas, "para dar a conocer sus reflexiones sobre asuntos que afectan a muchas personas". Además, se ha comprometido a seguir apoyando a las universidades para "fomentar e impulsar estos espacios, para el estudio de la realidad social", y a tener en cuenta las propuestas, recomendaciones y aportaciones del Laboratorio sobre Desahucios.
En este sentido, Durán ha señalado que en la última sesión plenaria se dio luz verde al debate de totalidad al proyecto de Ley de Tanteo y Retracto en Desahucio de Viviendas, que continúa su tramitación legislativa con las aportaciones de los grupos parlamentarios, que pueden proponer a la comisión correspondiente la comparecencia de los agentes sociales y las organizaciones interesados en la regulación de la futura Ley.
Como principal novedad, la norma permite a la Junta de Andalucía el ejercicio del derecho de compra preferente de los inmuebles afectados por este tipo de procesos, garantizando así la permanencia de las familias en las mismas, y modifica el régimen sancionador para prevenir abusos y reforzar los derechos de las personas consumidoras en las operaciones de adquisición de viviendas protegidas.
Junto a ello, ha recordado que el pasado año se aprobó por unanimidad la Ley de Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias en la Contratación Hipotecaria de Vivienda, una norma que pretende dar los instrumentos necesarios para prevenir los abusos en los contratos hipotecarios, intermediar entre las familias y las entidades financieras y protegerlas.
REACTIVAR LA CARTA SOCIAL EUROPEA
El presidente del Parlamento andaluz también se ha referido a la Carta Social Europea, revisada en 1996 y que Bruselas ha reactivado, que incluye nuevos derechos, como el derecho a la vivienda, y se compromete a favorecer el acceso a la vivienda de un nivel suficiente, a prevenir y paliar la situación de carencia de hogar con vistas a eliminar progresivamente dicha situación, y a hacer asequible el precio de las viviendas a las personas que no dispongan de recursos suficientes.
Según ha precisado Durán, "derechos son aquellos que nos debemos unos a otros, la base de la dignidad humana. Son el vínculo que hace posible la convivencia en cualquier sociedad civilizada, y son el fundamento de la Unión Europea", añadiendo el presidente del Parlamento andaluz que las instituciones europeas tienen la obligación de cumplir y hacer cumplir la Carta Social, porque se trata de la vía más efectiva para reducir el déficit social europeo.
EXPERIENCIA INNOVADORA Y PIONERA
El Laboratorio Jurídico sobre Desahucios se ha consolidado como uno de los proyectos de innovación cocente con "mayor proyección" de la UCO, tanto en el éxito de la idea y de sus herramientas docentes, como por la asunción de sus soluciones jurídicas, sobre la defensa del derecho a la vivienda, por instituciones públicas como el Congreso de los Diputados, el Parlamento de Andalucía o el Defensor de Pueblo, llegando a organizar, junto con la Universidad de Huelva, la primera sesión local del Tribunal Internacional de Desalojos con repercusión en el Foro Social Mundial.
La experiencia, según ha resaltado Durán, es "innovadora y pionera" al proporcionar al alumnado de Derecho un acercamiento a la realidad social, conociendo personalmente a las personas afectadas y a los agentes implicados en el derecho a la vivienda; generando una dinámica colaborativa para conocer la normativa interna e internacional que regula el problema y convertirse en investigadores, mediante cauces creativos, que despiertan su pensamiento crítico y constructivo.
