La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, anunció ayer que la ejecución presupuestaria de la Administración autonómica en la primera mitad del año, en los primeros seis meses, ha sido del 44%, «seis puntos más que el pasado año», y ha apuntado que la ejecución es «más alta y va más rápido» desde que el Gobierno andaluz «soltó el lastre» de IU, que formó parte del mismo en la pasada legislatura.

Así lo ha indicado al responder en el Pleno del Parlamento a una pregunta que le ha formulado en la sesión de control al Gobierno andaluz el portavoz parlamentario de IULV-CA, Antonio Maíllo, a quien la presidenta andaluza le ha transmitido además que «si solo nos circunscribimos a los recursos propios el nivel de ejecución se elevaría al 48%».

Díaz ha destacado que se ha dado una «ejecución de 11.786 millones de euros a 30 de junio»; ha resaltado que, de dicha cantidad, «dos de cada tres euros están destinados a salud, educación y servicios sociales», y ha valorado que el porcentaje de ejecución es «mayor que el pasado año por estas fechas» y se sitúa «por encima de la media de las comunidades autónomas», cuyo «nivel de ejecución se situó en abril en el 28,3%, según datos del Ministerio de Hacienda», según ha apuntado.

La presidenta de la Junta ha remarcado que todo eso se ha hecho además con «un gasto prioritario en los servicios públicos, con una defensa del bienestar de los andaluces, cumpliendo con el objetivo de déficit y contribuyendo a la imagen de España pese a las zancadillas que nos está poniendo el Gobierno español», al que ha achacado un «yugo financiero» a través de «decisiones injustas».

Así, se ha referido al «incumplimiento ddel Estatuto de autonomía» por parte del Gobierno central, que ha cifrado en «980 millones de euros en los casi cinco años de gobierno de Rajoy», así como a la «aplicación injusta del modelo de financiación, que le está costando 4.156 millones de euros a los andaluces», y a las «condiciones leoninas» del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), que «nos va a costar 1.500 millones de euros en intereses».

Maíllo, que se ha referido a la “absoluta inseguridad jurídica» que genera el cierre presupuestario por adelantado acordado por el Gobierno central y que «puede suponer casi 533 millones de euros no ejecutables en la carga del presupuesto» y podría «afectar a los pagos de los metros de Málaga y Sevilla, a programas sanitarios y educativos, de libros de texto, así como a la dependencia, ha indicado que Díaz ha aludido a «unos datos genéricos». H