La Policía Nacional ha detenido a 52 personas en Málaga e investiga a cinco empresas por su presunta responsabilidad en un delito de falsedad documental y contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, que asciende a 1.374.828,65 euros.
El entramado, que procuraba contratos fraudulentos a trabajadores para el cobro de subvenciones por desempleo, cotizaciones para la jubilación y otras ayudas que permitían la regularización de ciudadanos extranjeros, estaba liderado por dos hombres de nacionalidad española de 40 y 45 años.
Tras los registros de los domicilios de los dos principales encartados y de la sede de una de las empresas, se ha intervenido documentación y material informático, según ha informado hoy la Policía Nacional en un comunicado.
La "Operación Ralis" comenzó en octubre del año pasado, cuando se tuvo conocimiento de una red de empresas ficticias -algunas con una mínima actividad real- dedicadas al sector servicios y con sede en Málaga para que los trabajadores cobraran prestaciones de desempleo.
Fruto de las pesquisas, la Policía constató cómo los supuestos empleados desembolsaban entre 250 y 450 euros a los administradores de estas empresas para obtener un contrato laboral.
El desfalco total causado a la Administración se divide entre los 903.805 euros en deudas contraídas a la Seguridad Social y en 471.023 euros del importe cobrado fraudulentamente en subvenciones. EFE
