El Defensor del Pueblo considera que la documentación que se ha remitido sobre los proyectos de gas frente a las costas de Doñana es «insuficiente» para acreditar que se ha realizado una correcta evaluación ambiental. Según el Defensor, no se ha hecho una evaluación conjunta del proyecto, integrado por las instalaciones de extracción de gas de los yacimientos ubicados en el subsuelo marino, el transporte del gas extraído y el tratamiento de la planta en tierra.
Estas conclusiones se ponen de relieve en el informe anual del Defensor del Pueblo correspondiente al 2016, que señala además que no se puede considerar suficiente el informe de la Dirección General de Conservación de la Naturaleza según el cual el proyecto afecta a una zona sensible, en particular al Parque Natural Entorno de Doñana, «para entender que las afecciones al espacio natural fueron correctamente evaluadas en su momento».
Analiza también el Defensor diferentes casos de fractura hidráulica («fracking»), como el de «Permiso Luena» que afecta a Cantabria y Castilla y León, y concluye que el Ministerio de Industria, Turismo y Agenda Digital no ha comunicado a esta institución si se ha formulado la declaración de impacto ambiental, por lo que se la ha requerido.
Cita el caso del permiso de investigación de hidrocarburos «Cronos» que afecta a Soria y Guadalajara, y recuerda que el Ministerio ha subrayado que todos los proyectos existentes en España están en una fase muy preliminar y no se ha llegado a autorizar la ejecución de ningún sondeo con técnicas de fractura hidráulica de alto volumen.
Entre las principales cuestiones relativas al medio ambiente que llegaron el pasado año al Defensor del Pueblo destacan las relacionadas con el ruido, los olores y los humos, y ha achacado esas quejas en gran parte a la falta de inspección administrativa tras autorizar una actividad.
La institución que dirige Soledad Becerril ha criticado además que muchas administraciones no apliquen el principio de precaución y que posterguen la adopción de medidas, incluso la prohibición de un producto, alegando que faltan evidencias científicas sobre los efectos o riesgos de algún producto sobre el medio ambiente o la salud humana.
Cita el Defensor la incidencia en la salud humana de los herbicidas que incluyen el «glifosfato» en su composición y las repercusiones del uso de medicamentos veterinarios con «diclofenaco» en las poblaciones de buitres.
